En las calles de Pablo de Olavide y Rafael Alberti de San Fernando de Henares se observan enormes estructuras metálicas que indican que se aproxima el derribo de tres edificios de viviendas afectados por la línea 7B de Metro de Madrid. La Comunidad de Madrid está organizando el operativo para las demoliciones mientras los vecinos exigen un «pacto de Estado» que involucre a diversas administraciones públicas para resolver este problema que lleva varios años sin solución.
«Queremos un pacto de Estado similar al de la Cañada Real», dijo Alejandro Escribano, portavoz de la Plataforma Afectados 7B de Metro, destacando la importancia de integrar a todos los niveles de la administración en la región: autonómico, municipal y estatal. Dos tareas prioritarias serían devolver el parque urbanístico a las familias afectadas y encontrar una solución técnica definitiva.
La plataforma de afectados presentó estas demandas junto a Manuela Bergerot, líder de Más Madrid, quien visitó la zona afectada de San Fernando para respaldar a las trece familias que perderán sus hogares. Ambas partes han denunciado la falta de reconocimiento oficial de cientos de pisos con daños en los alrededores, sin recibir medidas correctoras.
Bergerot se comprometió a apoyar y facilitar las demandas de las familias en todas las instituciones, desde realojos voluntarios hasta indemnizaciones justas. Destacó la importancia de ampliar la zona afectada que deja fuera a muchas familias.
Tanto Más Madrid como la plataforma de afectados han exigido medidas para resolver los desperfectos en los pisos cercanos a las calles afectadas por la L7B que no han sido reconocidos oficialmente como perjudicados. Estos temas fueron discutidos en una reunión entre el consejero de Transportes y el alcalde de San Fernando.
«Todavía hay mucho por hacer, pero el diálogo es clave», dijo el alcalde socialista. El Gobierno regional se comprometió a resolver los problemas causados por la ampliación de la línea 7B con un trabajo conjunto entre las administraciones.
Más movilizaciones
La Consejería de Transporte ha informado que se han abonado 63 indemnizaciones patrimoniales de los 70 expedientes abiertos en los últimos años. Además, se han iniciado procesos para las casas que serán demolidas próximamente. Los problemas en San Fernando de Henares han afectado la vida de muchos vecinos, generando incertidumbre y cambios en su rutina diaria.
«Es triste ver cómo tiran las casas… nunca sabes si te tocará a ti», dijo Adriana González, una vecina afectada por la situación. A pesar de regresar a su hogar tras un desalojo de urgencia, sigue viviendo con la preocupación de un posible desalojo futuro.
«Es necesario encontrar soluciones urgentes», reiteró Alejandro Escribano. Si no se atienden las demandas de la plataforma, volverán a manifestarse en la capital después del verano.
