Durante el periodo de abril a septiembre de 2023, el Ayuntamiento de Madrid identificó problemas en la entrega de notificaciones administrativas, especialmente multas y avisos de la Agencia Tributaria, que no estaban llegando a sus destinatarios. Por esta razón, se realizó un estudio por parte de los técnicos municipales y un perito externo, quienes confirmaron la existencia de «simulaciones de notificaciones que no se llevaban a cabo». En consecuencia, la vicealcaldesa, Inma Sanz, anunció que se ha presentado una denuncia contra la empresa postal por presunto «fraude y mala praxis». Asimismo, aseguró que el Ayuntamiento «tomará medidas para corregir cualquier incidencia» que hayan sufrido los ciudadanos afectados.
El contrato con ‘RD Post’, valorado en 43 millones de euros, estuvo en vigor entre 2021 y 2023, y las irregularidades se detectaron en la fase final, coincidiendo con el inicio de un nuevo proceso de licitación, que finalmente ganó Correos. Sanz indicó que alrededor de 300.000 personas resultaron afectadas, lo que representa un 2,8% de todas las notificaciones realizadas durante la duración del contrato, que alcanzaron los 12 millones en total. Dado que estas notificaciones certificadas principalmente involucraban multas y comunicaciones de Hacienda, la vicealcaldesa aseguró que cualquier dificultad para impugnar multas u otras situaciones será abordada de forma automática, ya que las irregularidades han sido identificadas con precisión.
El retraso en la entrega de la correspondencia certificada por parte de ‘RD Post’ ha provocado que muchos ciudadanos no hayan podido beneficiarse de descuentos por pago anticipado en las multas. Según informó el medio digital Voz Pópuli y confirmó Sanz, algunas notificaciones no llegaban a tiempo o llegaban a varias personas simultáneamente en diferentes puntos de la ciudad.
Sanz reiteró el compromiso de emplear todos los recursos legales disponibles para «recuperar cada euro defraudado al Ayuntamiento de Madrid», estimado en un millón de euros, y garantizó a los madrileños afectados que no verán comprometidos sus derechos por estas posibles irregularidades.
