La Comunidad de Madrid defiende su modelo de gestión sanitaria como un éxito de colaboración público-privada, transparente y garantista. Aseguran que no se han realizado pagos irregulares a las empresas concesionarias del sistema de salud. Ante las acusaciones de la oposición sobre posibles conflictos de interés, la Consejería de Sanidad ha aclarado que los contratos con Quirón pasan por auditorías y fiscalizaciones para garantizar la veracidad de los servicios prestados. Además, han destacado que no se realiza ningún pago sin antes pasar todos los controles necesarios.
La oposición ha solicitado acceso a los contratos con Quirón para investigar posibles nexos entre el incremento patrimonial de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y los pagos realizados a la compañía. La Fiscalía ha abierto una causa por supuestos delitos financieros relacionados con Quirón. Sin embargo, desde Sanidad insisten en la transparencia y legalidad de los contratos.
Se cuestiona la relación entre Ayuso y Quirón debido a las concesiones de la empresa en la región. Quirón Salud gestiona varios hospitales del Servicio Madrileño de Salud y Quirón Prevención se encarga de los reconocimientos médicos de empleados públicos. A pesar de estas relaciones, desde Sanidad aseguran que no hay ninguna conexión con la situación fiscal de un particular.
Quirón Prevención tiene contratos con varias administraciones, incluyendo el Gobierno nacional, lo cual ha generado críticas y sospechas por parte de la oposición. Los pagos realizados a Quirón por el Gobierno regional se han atribuido a retrasos pendientes y se están agilizando los trámites para evitar demoras y conflictos.
El modelo de colaboración público-privado en la sanidad madrileña ha demostrado su eficacia, con solo cuatro hospitales de gestión indirecta que atienden a más del 20% de la población. Durante 2023, estos centros realizaron miles de intervenciones quirúrgicas y consultas externas, sin que haya habido privatización en ningún momento.
