El Gobierno de la Comunidad de Madrid está avanzando en la redacción de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades. En una reunión con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, presentó el borrador de la norma para recibir sus aportaciones. Entre las novedades se incluye un nuevo sistema de financiación plurianual para las universidades, un distrito único de prácticas y el requisito de un nivel de español para cursar estudios en Madrid.
«Universidad y Ciencia son inseparables; el presente y futuro de la Universidad, en España y el mundo, van ligados a las enseñanzas superiores, especialmente la Formación Profesional. Por tanto, esta norma no debería nacer obsoleta, sino afrontar la realidad que encuentra y la que viene», ha señalado Viciana tras la reunión. Antes de iniciar el proceso legislativo, el Gobierno regional busca alcanzar un amplio consenso en la comunidad educativa.
La ley regulará todas las enseñanzas superiores, desde FP Superior hasta los estudios de doctorado, y también el área de la ciencia e investigación. El borrador contempla la creación de un único Consejo de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid, que unificará el actual Consejo Universitario y el Consejo de Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Madrid, además de las enseñanzas superiores.
Entre las novedades, la ley propone la creación de un distrito único de prácticas en toda la región para garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para acceder a una plaza. Además, se busca fortalecer la conexión entre la Universidad y la Formación Profesional, reconocer la importancia de las universidades privadas y escuelas de negocio, defender la libertad y pluralidad, y promover las enseñanzas artísticas y deportivas.
Según el consejero, la norma busca establecer una enseñanza superior moderna y convertir a Madrid en la capital de los estudios superiores en español. Para lograr esto, se requerirá que los estudiantes que deseen cursar estudios de grado demuestren un nivel B2 de español, mientras que para los másteres y doctorados se exigirá un nivel C1.
Además, la ley modificará el sistema de financiación de las universidades públicas de la región. El Gobierno propone implementar un sistema plurianual que se revisará cada cinco años, con una partida básica fija y financiación adicional condicionada a objetivos estratégicos en docencia, investigación y competitividad. Las universidades deberán someterse a auditorías públicas y establecer un régimen de control interno sobre el gasto.
El objetivo de la ley es posicionar a la región como un destino atractivo para atraer y retener talento investigador, así como frenar la fuga de profesionales. La unificación del área universitaria y científica en un solo cuerpo permitirá abordar de manera coordinada estos dos ámbitos tan interrelacionados.
