El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que eleve al Tribunal Supremo (TS) la causa contra la Fiscalía por un posible delito de revelación de secretos en el caso relacionado con una filtración de datos que involucra a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Esta solicitud surge después de que el juez del TSJM llevara a cabo las diligencias esenciales en la fase de instrucción, incluyendo la declaración de los dos fiscales investigados, y ante los «indicios cualificados» que apuntan a la posible responsabilidad penal del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
«El asunto se centra en la publicación de una nota de prensa oficial por parte de la Fiscalía en la que se revelan conversaciones confidenciales entre un abogado y un fiscal durante unas diligencias de investigación. Estas conversaciones se produjeron en el contexto de los acercamientos habituales para el estudio de un posible acuerdo», señala el ICAM en un comunicado.
Para el Colegio de la Abogacía de Madrid, esta divulgación es «una grave violación de la confidencialidad y el secreto profesional», principios que considera fundamentales en la práctica de la abogacía y el derecho de defensa. Por este motivo, decidieron personarse como acusación en el caso, al que también se ha unido González Amador.
«Teniendo en cuenta la condición de aforado del Fiscal General, el ICAM ha optado por tomar esta medida, lo que altera la competencia del juzgado en favor del Tribunal Supremo», explican desde el colegio profesional, que ha tomado esta decisión tras analizar la información obtenida durante la fase de instrucción.
«Proteger la confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y fiscales es crucial para garantizar la defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos«, comenta Eugenio Ribón, decano del ICAM, en declaraciones a los medios. Ribón destaca la «gravedad» de los hechos investigados y la importancia de esclarecer lo sucedido para evitar futuras situaciones que afecten la integridad del sistema judicial y los derechos de los profesionales del derecho y sus clientes. «Este colegio será contundente ante cualquier violación», concluye.
