La oposición en Madrid pone en duda la disminución de la capacitación de los porteros de discoteca.

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La Comunidad de Madrid está preparando una modificación normativa para otorgar más competencias en seguridad a los porteros de discotecas y eliminar los test psicológicos para renovar su certificado profesional. Esta medida ha generado diversas reacciones entre los partidos de la Asamblea de Madrid, algunos consideran que es necesaria debido a la inseguridad en los barrios, mientras que otros opinan que no se deben eliminar los requisitos de capacitación en este gremio.

El objetivo de esta modificación es simplificar los trámites administrativos y reducir los costos para los profesionales de la seguridad en locales y recintos. Además, se les otorgarán más facultades, como la capacidad de expulsar a los usuarios del establecimiento o impedirles la entrada sin necesidad de la presencia de las fuerzas de seguridad. En cuanto a la acreditación, se mantendrá la prueba de conocimientos y la valoración psicológica. La novedad radica en el trámite de renovación cada cinco años, donde la administración solo requerirá ciertos requisitos básicos, dejando a las empresas la responsabilidad de realizar las pruebas psicotécnicas necesarias.

Algunos líderes políticos han expresado sus reservas sobre esta modificación. El dirigente del PSOE-M, Juan Lobato, considera que no es ventajoso eliminar estos requisitos, ya que el marco normativo debe garantizar la mayor seguridad y certidumbre. Por su parte, Manuela Bergerot de Más Madrid, enfatizó la importancia de mantener la capacitación en seguridad para todos los profesionales del gremio. Carlos Díaz-Pache del Partido Popular señaló que la responsabilidad del informe psicológico pasará a ser de las empresas, simplificando el proceso.

Rocío Monasterio de Vox mostró su apoyo a la modificación normativa, destacando la importancia de que el personal de seguridad tenga facultades para reforzar la protección en un contexto de creciente inseguridad en los barrios. La reforma del decreto está actualmente en consulta pública y se admiten alegaciones hasta el 14 de junio. En 2008 se estableció que los profesionales debían tener un distintivo para ser identificados y solo podrían ejercer labores de vigilancia, además de pasar dos pruebas para obtener la habilitación.

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