Fuenlabrada contará con un centro de primera acogida para menores migrantes. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid ha decidido que las obras en La Cantueña continúen debido a la «presión migratoria en alza» que hay en la región y a la situación de desbordamiento de los recursos de atención. Por lo tanto, la justicia suspende el decreto emitido por el Ayuntamiento local para clausurar el centro e impedir los trabajos, permitiendo que la Comunidad de Madrid siga con la habilitación de las instalaciones.
«La continuidad de las obras se considera beneficiosa para el interés general, ya que permitirá proporcionar asistencia básica vital a menores en situación de desamparo», argumenta el juzgado. Se señala que las obras no afectan al uso público del espacio, dado que el edificio está en mal estado y no se ha utilizado durante décadas. Por lo tanto, el juez desestima las razones presentadas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada para detener las obras.
Tras revisar las argumentaciones de ambas partes, el auto indica que el decreto municipal podría perjudicar de forma irreversible a los menores que lleguen en los próximos meses a la región, en un contexto de aumento de la presión migratoria y escasez de recursos. Según el juzgado, los intereses planteados por el Ayuntamiento deben ceder ante los de la Comunidad de Madrid.
«Necesitamos esos recursos y eso es lo que ha dicho el auto, que existe una necesidad de incorporar recursos por la grave crisis migratoria que estamos sufriendo», declaró la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, tras conocer la noticia. La consejera detalló que están trabajando en un proyecto de actividades para que los residentes de Fuenlabrada y Parla puedan visitar La Cantueña.
La disputa entre las administraciones surgió por el uso de las instalaciones donde se planea establecer el futuro centro de menores. El Ayuntamiento cedió el espacio hace dos décadas a la Comunidad de Madrid para crear un centro de divulgación ambiental que nunca se concretó. Ahora, debido a la llegada de más de mil menores migrantes no acompañados este año, el Gobierno regional optó por utilizar las instalaciones para habilitar cien plazas de atención y aliviar la presión sobre la red existente.
Ante esto, el alcalde de Fuenlabrada, el socialista Francisco Javier Ayala, decretó el pasado 19 de marzo la paralización de las obras y la clausura del centro. No obstante, el Gobierno Regional impugnó la orden y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid suspendió de forma cautelar la decisión del Ayuntamiento hasta resolver el conflicto en su totalidad.
El auto judicial no aborda quién debería poseer La Cantueña. Sin embargo, el Contencioso-Administrativo señala que en caso de determinarse que la propiedad de las instalaciones debe regresar al Consistorio, este recibiría un edificio renovado y en mejores condiciones de uso que las actuales.
