En la reunión entre las comunidades autónomas y el Gobierno central para discutir el reparto de menores migrantes, la Comunidad de Madrid criticó la reforma normativa. La Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, calificó la modificación como un «parche» a la crisis migratoria con un «reparto impuesto que no soluciona nada». Se pidió una conferencia de presidentes, declarar la emergencia migratoria, la implicación de la Unión Europea y actuar en origen.
Dávila destacó la solidaridad de las comunidades autónomas y la incapacidad del Gobierno español tras la Conferencia Sectorial de Infancia. Las regiones se comprometieron a ocuparse de sus cuotas de los menores migrantes en Canarias y Ceuta. La Comunidad de Madrid atenderá a 30 menores no acompañados.
Se abordó también la reforma de la ley de extranjería, con solicitudes de aplazamiento por parte de las comunidades autónomas, incluida Madrid. Se cuestionó la constitucionalidad de la nueva redacción y se estableció la obligatoriedad de atender a los menores, antes voluntaria. Se seguirán criterios objetivos consensuados entre las comunidades autónomas.
La Comunidad de Madrid exigió una respuesta de Estado y criticó las medidas propuestas como meros «parches» que no resuelven la cuestión de fondo. También se pidió una conferencia de Presidentes para tratar el tema y declarar la emergencia migratoria.
Se mencionó la problemática en el Aeropuerto de Barajas, por donde llegan la mayoría de los menores no acompañados a la región. En los últimos dos años se propuso el reparto de menores, con Madrid atendiendo a una fracción de los asignados.
El sistema actual se basa en la voluntariedad de cada región, por lo que no se impone ninguna cuota. El Gobierno nacional destinó 20 millones de euros anuales para hacer frente a estos repartos, con Madrid recibiendo 1,5 millones de euros. Ante los planes de España de hacer obligatoria la acogida de menores y la llegada de más de mil niños migrantes en lo que va de año, la Comunidad de Madrid ha decidido ampliar sus recursos asistenciales con la apertura de un nuevo Centro de Primera Acogida en La Cantueña, en Fuenlabrada. Las obras se vieron obstaculizadas por la negativa del alcalde socialista de la localidad, Francisco Javier Ayala, pero un recurso del Gobierno regional permitió continuar con la remodelación para acondicionar las 100 plazas del centro. La Consejería ha solicitado al Gobierno central un plan ordenado para atender la llegada de migrantes en los últimos meses, señalando que los recursos de la Comunidad están «tensionados» y se necesita más financiación para las autonomías, encargadas de proporcionar recursos para la integración de estos niños.
