La Comunidad de Madrid planea demoler 32 viviendas afectadas por la L7B en San Fernando

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La Comunidad de Madrid planea demoler otras 32 viviendas de tres edificios en San Fernando de Henares afectados por la línea 7B de Metro. Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, informó a Juan Fuentes, presidente de la asociación de afectados Presa-Rafael Alberti, durante su quinto encuentro en la legislatura. También se discutió la presentación a la Oficina de Atención Psicológica en el palacio de Maudes.

Los edificios a demoler están en la calle de Pablo de Olavide (del 1 al 11, letras A y G) y en la calle de Rafael Alberti, números 7 (portales 3 y 4) y 9. Los derribos comenzarán el 15 de junio, una vez se obtengan las autorizaciones del Ayuntamiento de San Fernando, según detallaron Rodrigo y Fuentes.

«Ya tenemos una autorización y queremos comenzar lo antes posible», señaló el consejero sobre las licencias de derribo. Hasta ahora, la Comunidad ha abierto 79 expedientes y ha pagado 63 indemnizaciones a los vecinos afectados por la línea 7B, dos este martes, por un total cercano a los nueve millones de euros.



«Se deben iniciar los expedientes de responsabilidad patrimonial en base a tres edificios, Rafael Alberti y Nazario Calonge, que requieren tres derribos específicos», explicó Rodrigo. «Queremos resolver esta situación lo antes posible», añadió.

La Comunidad también ha trabajado en la zona dotacional de El Pilar y planea urbanizar las calles afectadas por las obras de inyección de mortero. Además, continúa el cierre del tramo entre las estaciones de San Fernando y Hospital del Henares, priorizando el bienestar de los vecinos.

Juan Fuentes, presidente de la Asociación Presa-Rafael Alberti, mencionó que Transportes se comprometió a facilitar una reunión con la Consejería de Hacienda para estudiar la posibilidad de exención de impuestos de transmisión patrimonial. También se discutió la extensión del servicio de atención psicológica.

En la reunión se abordó si el servicio será a través de una empresa privada o del Sermas. «No queremos que nadie se quede sin ayuda», destacó Fuentes. «Llegó tarde, pero llegó», concluyó.

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