La declaración de Alberto González Amador aplazada por solicitud de la acusación popular
MADRID, 24 Jun. (Distrito) –
La jueza Inmaculada Iglesias ha pospuesto la declaración de Alberto González Amador por un presunto fraude fiscal a petición de la acusación popular que representa al PSOE y Más Madrid. Han pedido investigar cinco nuevos supuestos delitos después de analizar un informe de la Agencia Tributaria que forma parte del procedimiento, según fuentes jurídicas.
El empresario iba a comparecer este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla como investigado por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil en relación con un supuesto fraude fiscal que le imputa la Fiscalía de Madrid.
En un escrito presentado este mismo día, la acusación popular solicita varias diligencias, incluyendo la investigación de la relación empresarial del novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con Quirón; el análisis de sus cuentas de 2019 a 2022; y la aportación de la escritura de compraventa de sus viviendas de 2020 a 2024.
La suspensión se pidió porque esta parte no pudo analizar el informe emitido por la jefa del Equipo de Inspección de la Agencia Tributaria en la Delegación Especial de Madrid, entregado el 12 de junio. Ahora, la magistrada tendrá que decidir sobre el escrito presentado.
La acusación considera que los delitos fiscales imputados a Alberto González deberían agravarse debido a «la existencia de una organización y la utilización de una ingeniería contable, mediante la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas, algunas radicadas en el extranjero, para cometer estos delitos».
Además, el PSOE y Más Madrid creen que la pareja de Ayuso podría haber cometido dos delitos de administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable.
El diputado de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, ha señalado que las acusaciones han tenido que examinar un expediente muy complejo y, dada la complejidad del caso, han solicitado nuevas diligencias en una causa en la que «conviene saber más».
Fuentes del entorno de Alberto González ven el escrito como una maniobra para alargar el acuerdo con la Fiscalía. Consideran que se trata de una estrategia para investigar la administración desleal de sus empresas, algo que consideran injusto ya que no tiene socios. Ven el asunto como político contra Díaz Ayuso, no como un problema con la Agencia Tributaria.
El nuevo escrito para ampliar la investigación complicará la posibilidad de un acuerdo entre las partes, incluida la pareja de Ayuso, según fuentes jurídicas. En su momento, Alberto González propuso a través de su defensa aceptar 8 meses de cárcel, devolver 350.000 euros del fraude y pagar una multa de 140.000 euros, más intereses.
La jueza también había citado para este lunes al resto de investigados después de que el 20 de mayo se suspendieran las comparecencias por un problema en la notificación de la citación a uno de los imputados en la causa. Aún no hay fecha para las nuevas declaraciones.
DELITOS FISCALES
La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos relativos al Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021 y en un presunto delito de falsedad en documento mercantil por la presentación de facturas que no corresponden a servicios prestados, con el fin de reducir la cuota tributaria.
En el auto de apertura de diligencias, la jueza explica que, como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente dejó de ingresar a la Hacienda Pública estatal una cuota de 155.000 euros en 2020 y una cuota de 195.951 euros en 2021.
Estas conductas están tipificadas como delitos en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal.
La pareja de Ayuso está involucrada en este procedimiento mientras el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Goyena, tramita la querella contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto, por un delito de revelación de secretos relacionado con la nota difundida por la Fiscalía de Madrid sobre el cruce de correos entre el abogado de Alberto González y el fiscal del caso.
INFORME DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
Respecto a la causa de la pareja de Ayuso, la Fiscalía investigó los hechos tras un informe de la Agencia Tributaria que señalaba un presunto fraude fiscal al detectar «gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades».
El informe mencionaba dos delitos contra la Hacienda Pública y un presunto delito de falsedad en documento mercantil debido a la presentación de facturas no correspondientes a servicios reales con el objetivo de reducir la cuota tributaria.
En enero, la Fiscalía recibió un informe de la Agencia Tributaria sobre la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente que indicaba posibles delitos fiscales en los ejercicios de 2020 y 2021.
El informe señalaba un fraude tributario de más de 120.000 euros y un presunto delito de falsedad en documento mercantil.
APERTURA DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN
Tras este informe, la Fiscalía abrió diligencias de investigación en enero, que derivaron en la presentación de la denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid.
Según el fiscal, la dirección de la sociedad estaba a cargo del administrador único Alberto G. A., pareja de la presidenta regional. La Agencia Tributaria inició actuaciones de comprobación en mayo de 2022.
En el curso de estas actuaciones de comprobación, la sociedad, con el fin de eludir su tributación, llevó a cabo conductas para reducir la tributación debido al aumento de negocios en 2020 y 2021, según la denuncia.
