La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha permitido al PSOE-M personarse como acusación popular en la causa que involucra a Alberto G. A., pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y a otras cuatro personas por presunto fraude fiscal y falsificación de documento mercantil, según fuentes socialistas consultadas por Europa Press.
El PSOE solicitó unirse al proceso como acción popular debido a posibles responsabilidades penales relacionadas con delitos contra la hacienda pública y falsedad documental, considerando que el caso es de interés general para los ciudadanos.
El partido argumentó que no era necesario presentar una querella ni una fianza, ya que los hechos surgieron de contrataciones relacionadas con la adquisición de materiales sanitarios durante la crisis del Covid-19, afectando a los intereses generales al intentar defraudar a Hacienda. Sin embargo, tuvieron que abonar una fianza de 3.000 euros.
Por tanto, el PSOE buscaba representar a sus afiliados y al interés general de la ciudadanía en esta causa, considerando que se trata de un tema de relevancia para la sociedad debido a su impacto en la hacienda pública y la alarma social que generan estas acciones.
La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha citado a Alberto G. A. para declarar el 20 de mayo como investigado por presunta defraudación tributaria y falsificación de documento mercantil, tras iniciar diligencias contra él y otras cuatro personas en relación con una denuncia del Ministerio Fiscal.
La investigación se centra en presuntos delitos relacionados con el Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021, así como falsificación en documentos mercantiles mediante facturas ficticias para reducir la cuota tributaria. La Fiscalía abrió la investigación tras un informe de la Agencia Tributaria que alertaba de un presunto fraude fiscal basado en facturas falsas emitidas por diversas empresas, lo que llevó a la presentación de la denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid.