El fiscal superior de Extremadura, Javier Montero, asume el caso a partir de ahora
MADRID, 6 May. (Distrito) –
La fiscal María de la O Silva ha sido apartada del caso relacionado con la querella presentada por Alberto G.A., pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto por presunta revelación de secretos. Esto se dio a raíz de un comunicado de prensa emitido el 14 de marzo por la Fiscalía Provincial de Madrid sobre una investigación en su contra por un posible fraude fiscal.
Fuentes fiscales han confirmado a Europa Press que el fiscal superior de Extremadura, Javier Montero, sustituirá a la fiscal de Madrid que llevaba el caso hasta el momento, luego de que ella invocara el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para que la Junta de Fiscales de Sala se pronunciara sobre la discrepancia de criterio que mantenía con su superior jerárquica, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, sobre la admisión de la querella.
Las mismas fuentes han precisado que la decisión de asignar el caso al fiscal superior de Extremadura se debe a que la querella involucra a dos fiscales de Madrid, incluida la fiscal jefe. Por lo tanto, se consideró pertinente que el asunto sea manejado por un fiscal externo a esa Fiscalía Provincial.
A pesar de todo, las fuentes consultadas han recordado que no es la primera vez que se toma una decisión de este tipo cuando el tema a tratar afecta a miembros del Ministerio Público.
Montero será responsable de defender la postura de la Fiscalía, la cual fue establecida por Sánchez Conde el 24 de abril luego de una Junta de Fiscales de Sala que respaldó su criterio frente al de la entonces fiscal del caso.
EL CRITERIO DE LA FISCALÍA
Tras seis horas de deliberación, la Junta apoyó –con 19 votos a favor, 12 en contra y una abstención– a la ‘número dos’ del Ministerio Público, quien argumentaba que no hay delito ni indicios contra los querellados, en oposición al criterio de Silva, que proponía investigar antes de informar al juez a favor o en contra de la admisión de la querella.
Ese día, de manera unánime, la Junta concluyó que no se debían intervenir las comunicaciones entre los fiscales del caso y el fiscal general, Álvaro García Ortiz, antes de informar a favor o en contra de la admisión de la querella, como había planteado Silva.
Al día siguiente, Silva presentó un informe ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con el criterio establecido por Sánchez Conde. Así, solicitó que se rechazara la querella al considerar que la publicación del comunicado de prensa «se limitó a proporcionar información veraz al público sin revelar datos, hechos o documentos que no hubieran sido difundidos previamente en diferentes medios de comunicación y, ante la solicitud de confirmación de las noticias publicadas, carece de relevancia jurídico penal como para iniciar un proceso penal».
