La proliferación de pisos turísticos ha devenido en un fenómeno que está propiciando un cambio de la fisonomía de los barrios de las principales ciudades del país. Los apartamentos de uso turístico, de hecho, se están extendiendo a costa de los bajos comerciales, muchos de los cuales cerraron con la pandemia. Poner coto a esta explosión sin freno ha sido el objetivo de grandes ayuntamientos como Madrid o Valencia, que directamente han optado por suspender la concesión de nuevas licencias con moratorias temporales. Otro ejemplo es Málaga, que por primera vez acaba de decidir limitar las nuevas licencias a los inmuebles que dispongan de entrada independiente para los pisos turísticos. El aumento de la regulación, sin embargo, puede acabar en los tribunales.
De momento, la primera en lanzar el aviso ha sido la patronal valenciana de viviendas de uso turístico ApturCV, que ha amenazado con recurrir la moratoria impulsada por la alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá, y aprobada a finales de mayo por todos los grupos municipales. El argumento no es otro que «el escenario de incertidumbre y de inseguridad jurídica» que ha traído consigo una medida inédita en la capital valenciana.
Fuentes del sector, no obstante, no descartan un aumento de la litigiosidad como consecuencia precisamente de la decisión de muchos consistorios de entrar ahora a limitar una actividad económica afectada también por el intrusismo. En el caso de la patronal valenciana, por ejemplo, se estudian medidas legales contra la suspensión de nuevas licencias porque «podría vulnerar el principio de igualdad de trato».
Es decir, se entiende que «favorece a ciertos sectores mientras penaliza a otros sin una justificación». «Estamos hablando de asociados que llevan años ejerciendo una actividad totalmente legal, que critican y luchan contra el intrusismo y los comportamientos abusivos o ilegales del sector», señalan fuentes de la organización patronal valenciana.
En el caso de Valencia, las cifras del propio Ayuntamiento apuntan a que ya se ha rebasado la cifra de los 10.000 pisos turísticos, aunque la oposición habla de unos 4.500 ilegales. La alcaldesa desveló este viernes que ya se han emitido 200 órdenes de cierre de apartamentos turísticos ilegales, mientras que se han ordenado 300 inspecciones.
Por lo que se refiere a Madrid, que dio el paso de explorar la vía de la moratoria antes incluso que Valencia, los datos del consistorio señalan que, de los 13.502 pisos turísticos, únicamente tienen licencia y están regularizados un 7%, esto es, apenas un millar. Desde el sector, por tanto, se defiende la actividad legal y se pide poner el foco en la ilegal.
Es más, ApturCV ha entrado incluso a cuestionar los informes municipales que sirvieron de base para tramitar y justificar la moratoria en Valencia: «No son exactos ni adecuados». «Hay datos con metodología oficial y pública que acreditan que la justificación esgrimida para tomar esta medida no existe», insisten estas fuentes.
Lo que dicen los informes municipales, por ejemplo, es que en lo que llevamos de 2024 -hasta la aprobación de la moratoria-, se registraron 733 solicitudes para la apertura de nuevos apartamentos turísticos. Sólo en mayo, las peticiones fueron 506, cuando en 2023, la cifra no pasó de 456. Ahora bien, la media de solicitudes al año registrada entre 2019 y 2022 fue de 92 para toda la ciudad de Valencia. El triple, por cierto, de las cifras que se experimentaron en el periodo 2015-2018.
Aun así, ApturCV señala que los datos del INE constatan que las viviendas de uso turístico representan el 1,63% sobre el total del parque de vivienda de la ciudad.
