La OCDE ha pedido a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que pacte la reducción de la jornadalaboral (que quiere llevar de 40 a 37,5 horas a la semana como máximo) con patronal y sindicatos en el diálogo social, y le ha recordado que a día de hoy sólo hay tres países en la organización que tengan jornadas máximas de trabajo inferiores a la española, tal y como recoge en el informe Reactivar el crecimiento de la productividad ampliamente compartida en España, presentado este miércoles en París en presencia de la vicepresidenta segunda.
«El Gobierno debe construir la regulación del tiempo de trabajo sobre la base de un fuerte involucramiento de los agentes sociales. Esto debería ayudar a entender mejor hasta qué punto una jornada laboral semanal más corta puede generar efectos suficientes sobre la productividad para compensar el incremento de los costes laborales de las empresas y/o la bajada de sueldo de los trabajadores (dependiendo de la forma en que se implemente la reducción de la jornada), y hasta qué punto cualquier efecto sobre la productividad depende de cómo se organice la jornada (horarios más cortos, menos días de trabajo o menos horas al día) y de la actividad de la empresa», recoge en el documento.
La OCDE insiste en que el Gobierno tenga en cuenta a los agentes sociales, a pesar de que Sumar y el PSOE incluyeron su compromiso de reducir la jornada hasta ese nivel como parte de su pacto de investidura y que la ministra ha dejado claro en muchas ocasiones que la decisión está tomada. Tal ha sido su determinación que la patronal y los sindicatos han decidido negociar por su cuenta, de forma bipartita, cualquier asunto relativo al tiempo de trabajo, aunque la Secretaría de Estado los convoca periódicamente para conocer cómo avanzan las negociaciones.
Por ahora un acuerdo general parece lejano, aunque ambas partes coinciden en que la jornada laboral se seguirá determinando en cómputo anual, como hasta ahora, lo que dará flexibilidad a las compañías para decidir si en lugar de reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, computa esa diferencia por más días de vacaciones.
La OCDE asegura que la evidencia de otros países demuestra que una reducción de la jornada puede redundar en una mejora de la productividad de los trabajadores, pero recuerda al mismo tiempo que sólo hay tres países en la organización que tengan jornadas máximas inferiores a la española: «En comparación con otros países de la OCDE, España es un país que permite una variación relativamente significativa tanto en la jornada ordinaria como en la máxima, junto a Alemania, Países Bajos y Suiza. En España, como en la mayor parte de países de la OCDE, el límite legal para una jornada semanal normal está fijado en 40 horas a la semana, basado en una jornada de cinco días laborables y ocho horas de trabajo diario, pero se permiten las excepciones en algunos sectores y actividades. Sólo tres países tienen una jornada semanal legal más corta: son Francia, donde la jornada está topada en 35 horas, y Australia y Bélgica, donde está en 38″.
La organización parece incluso deslizar que la medida será pertinente en los casos en los que se traduzca en una mejora de la productividad: «La flexibilidad en el sistema español sugiere que la negociación colectiva puede jugar un papel potencialmente importante en la reducción de la jornada normal y la máxima legal permitida a la semana en los casos en los que es probable que incremente el bienestar del trabajador y también la productividad».
