España produjo en 2023 un total de 1,27 millones de páginas de legislación publicadas en boletines oficiales -tanto el BOE como los de ámbito autonómico-, lo que equivale en peso a 11 vacas lecheras, aproximadamente 6.370 kilos, y lo que permitiría sortear los 378 kilómetros que separan Madrid de Murcia si se pusieran todas las páginas una detrás de otra formando un camino.
Son ejemplos ideados por la CEOE por llamar la atención sobre la hiperregulación que sufre nuestro país y que genera inseguridad jurídica en las empresas. También dicen que una torre con todas esas páginas alcanzaría la altura de la Sagrada Familia, 127 metros, y que con esa cantidad de folios se podrían imprimir 850 ejemplares de El Quijote. «Para estar completamente al corriente de las actualizaciones legislativas, una persona necesitaría leer cerca de 3.500 páginas diarias», lamentan.
La abundancia normativa no procede únicamente del Estado central, sino que la patronal señala también a las comunidades autónomas y a la Unión Europea.
El Estado aprobó en 2023 un total de 683 normas, menos de las aprobadas en los años precedentes (fueron 850 en 2022, 856 en 2021 y 798 en 2020), pero muchas si se tiene en cuenta que el Gobierno estuvo en funciones cinco meses. «2023 se posiciona como el sexto año con mayor producción normativa estatal de la última década, con cerca de dos novedades legislativas al día», apuntan. De hecho, el año pasado se aprobaron 113 normas por mes hábil, frente a 70 el precedente.
Dentro de estas, creció la proporción de normas aprobadas por real decreto ley (una figura preservada para los asuntos de urgente necesidad) hasta suponer el 32%, cinco puntos más que en 2022 (cuando eran el 27%), pero mucho menos que la proporción del periodo 2016-2020 (con el último Gobierno de Mariano Rajoy y justo después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa). En esos años, siete de cada diez normas eran reales decretos leyes.
Cataluña, la que más regula
Las comunidades autónomas, por su parte, aprobaron 291 normas, y sus boletines oficiales acumularon 1,03 millones de páginas, la segunda cifra más alta de los últimos once años. «Son responsables del 80% de las páginas publicadas en los boletines oficiales, lo que afecta significativamente a la unidad de mercado y a la seguridad jurídica, como ya se ha señalado en anteriores informes», recogen.
Cataluña fue la comunidad con más producción normativa por octavo año consecutivo, casi triplicando la media anual de páginas publicadas, seguida de Andalucía, la Comunidad de Madrid, Castilla y León y la Comunidad Valenciana.
Finalmente, la organización que preside Antonio Garamendi pone el foco en los 2.180 actos jurídicos aprobados por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE: 1.099 reglamentos, 21 directivas y 1.060 decisiones. Son menos que los aprobados en 2022, pero más que los de los seis años precedentes.
«La UE no debería entrar en una espiral incontrolada de nuevas regulaciones (…) Las empresas requieren más, no menos, competencia. Cualquier regulación adicional debe ir acompañada de la garantía de que se facilita la actividad comercial y la inversión en toda la UE sin excepciones», recoge el informe, haciéndose eco de un análisis publicado por la patronal europea Business Europe.
Su lamento se une al de muchos empresarios, economistas y expertos que comparan la regulación europea con la estadounidense y piden una moderación de la producción normativa.
