La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha testificado ante el magistrado que instruye la querella de Alberto González Amador contra dos fiscales. Lastra declaró que recibió la orden directa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de difundir la nota aclaratoria sobre las conversaciones entre el abogado de la pareja de la presidenta regional y el fiscal en relación a un presunto fraude fiscal, según fuentes jurídicas.
El magistrado Francisco José Goyena interrogó a Lastra en relación al delito de revelación de secretos por parte de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto. Ambos fiscales difundieron una nota aclaratoria informando sobre el cruce de correos. Lastra detalló que recibió la orden directa del fiscal general para dar la nota, ya que se negó a hacerlo al considerarlo incompatible con el deber de confidencialidad, aunque cumplió con el artículo 25 del Estatuto Fiscal.
La fiscal superior de Madrid reveló que García asumió la responsabilidad de la difusión de la nota de prensa aclaratoria y solicitó que la causa sea enviada al Tribunal Supremo para la investigación. El magistrado ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre el escrito.
El magistrado investiga, a instancias de Alberto González, quiénes fueron las personas que intervinieron en la decisión de difundir el comunicado de prensa y el máximo responsable de la carrera fiscal que dio el visto bueno a la decisión. Se han solicitado diligencias para remitir las comunicaciones mantenidas por el Ministerio Fiscal con el abogado de Alberto González Amador antes y después de la difusión del comunicado.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid discrepó con el Ministerio Público al considerar que los hechos relatados en la querella eran atípicos. Los jueces argumentaron que el debate se centraba en una perspectiva concreta que no abarcaba todas las implicaciones penales de la revelación de secretos. Consideraron necesario investigar si se vulneró el deber de confidencialidad inherente a las actuaciones penales, lo que requería la instrucción adecuada de la causa.
