El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid ha concedido medidas cautelares provisionalísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid, suspendiendo así el decreto de la Concejalía de Infraestructuras, Urbanismo, Movilidad y Mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada que paralizaba las obras para la instalación de un centro de acogida para menores extranjeros no acompañados en La Cantueña. El plazo dado al Consistorio para presentar alegaciones es de tres días antes de que se tome una decisión definitiva.
El auto del Juzgado destaca que existen elementos suficientes que justifican la urgencia para solicitar la suspensión del decreto municipal. Se considera que permitir que las obras continúen durante tres días para que el Ayuntamiento presente sus alegaciones no causará un perjuicio grave al interés general. Además, se señala que paralizar las obras provocaría un perjuicio mayor dado el retraso que implicaría su reanudación.
La Comunidad de Madrid justifica su decisión de recurrir ante la Justicia el decreto municipal argumentando que se ampara en la Ley del Suelo autonómica. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha acusado al alcalde de Fuenlabrada de boicotear el proyecto de acogida a menores extranjeros no acompañados en La Cantueña.
La Comunidad de Madrid pretende habilitar el centro lo antes posible para atender las demandas del Gobierno de España en cuanto a la acogida de estos menores. El Ayuntamiento cedió el centro hace 20 años para un uso diferente al propuesto, por lo que activó la cláusula que le permite recuperar las instalaciones.
El recurso de la Comunidad se produce después de que el Consistorio decidiera paralizar las obras en La Cantueña. La Comunidad argumenta que la legislación le obliga a atender de forma inmediata a los menores que llegan, justificando así la ejecución de las obras por razones de urgencia o interés general.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada notificó a la Comunidad de Madrid y a la empresa constructora la paralización inmediata de las obras en el centro de menores migrantes no acompañados de La Cantueña. El Consistorio defiende que el decreto está respaldado por informes jurídicos y critica la actuación de la Comunidad de Madrid por transformar el centro sin consenso municipal.
