Un grupo de nueve representantes de asociaciones de víctimas de abusos y entidades que trabajan con ellas se reunieron en Madrid con el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego. En este encuentro, los eclesiásticos escucharon las experiencias y necesidades de las víctimas, presentando un plan de reparación integral que planean discutir en la próxima reunión de la Comisión Permanente los días 2 y 3 de julio, con la posibilidad de ser aprobado en una Asamblea Plenaria extraordinaria el mes siguiente. Los obispos tienen como objetivo que el plan esté en marcha en septiembre, al inicio del próximo curso.
Durante la reunión, que duró más de dos horas, se escuchó el dolor de las víctimas en un ambiente sereno, según fuentes eclesiales. Los representantes de las entidades presentes también destacaron la receptividad y participación de Argüello, confiando en que llevará a cabo lo propuesto. En la práctica, los obispos compartieron los criterios de reparación para las víctimas de abusos sexuales cuyos agresores han fallecido o cuyos casos están prescritos. En cuanto a los casos que pueden llegar a juicio, la Iglesia ha esperado el dictamen de la justicia civil antes de iniciar el proceso canónico. Además, en caso de culpabilidad, el acusado o la congregación religiosa correspondiente han debido asumir la indemnización impuesta.
Ante la falta de respuesta en los casos en que el juicio es imposible, la Iglesia planea crear una comisión independiente compuesta por psicólogos, psiquiatras y juristas para evaluar y proponer el tipo de reparación necesaria en cada caso. Aunque no habrá una víctima representada en la comisión, las asociaciones han solicitado un proceso de interlocución directa con sus miembros para ofrecerles toda la información necesaria.
Indemnizaciones
Las ayudas propuestas incluyen indemnización económica, asistencia psicológica y apoyo en otras áreas para facilitar la recuperación de una vida normal para las víctimas. Según Manuel Barbero, la propuesta es similar a la implementada en el caso Maristas, donde se lograron indemnizaciones de hasta 60.000 euros, superando la media europea que oscila entre los 15 y 20 mil euros.
El Plan Integral de Reparación ha sido tema de discusión en las últimas reuniones de los obispos, especialmente después del informe del Defensor del Pueblo. Los conflictos internos han retrasado su implementación, pero la presidencia de Argüello parece haber acelerado el proceso. Tras reunirse con el Papa en Roma, la Conferencia Episcopal anunció su preparación para principios de julio. En la reunión con las asociaciones de víctimas, Argüello se mostró dispuesto a convocar una Asamblea Plenaria extraordinaria en julio si la Comisión Permanente considera que es necesario.
Este encuentro con el Defensor del Pueblo tenía como objetivo presentarle las líneas de trabajo de la Iglesia católica en España y las acciones tomadas tras su informe. El informe, entregado en otoño de 2023, aún está pendiente de debate en el Parlamento, a pesar de las recomendaciones realizadas.
