En 2023, se realizaron 1.291 trasplantes de órganos de personas fallecidas gracias a la colaboración de los jueces. Estos datos se presentaron en las XXVI Jornadas de encuentro entre profesionales de la administración de Justicia y de la comunidad trasplantadora, que tuvieron lugar en Santander y son organizadas por la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial.
El propósito de estas jornadas es fortalecer la relación entre ambos grupos profesionales para garantizar el adecuado desarrollo del proceso de donación de órganos y tejidos humanos. Asimismo, se aprovecha este espacio para que jueces y forenses se mantengan informados sobre las últimas novedades terapéuticas y tecnológicas en el ámbito de la donación y el trasplante, facilitando así su labor a la hora de tomar decisiones.
En estas jornadas se presentan los últimos datos de donación y trasplante en España, así como la evolución de las intervenciones judiciales en procesos de donación.
Según la ONT, de los 2.346 donantes fallecidos registrados en 2023, 417 requirieron autorización judicial, lo que representa alrededor del 18%, una cifra que se ha mantenido estable en los últimos años.
En cuanto al tipo de donante, se necesitó la participación judicial en el 21,2% de los donantes en muerte encefálica y en el 13,5% de los donantes en asistolia. Respecto a las características de los donantes que requirieron autorización judicial, la mayoría eran hombres (75,9%) y su edad media fue de 49,2 años, inferior a la del total de donantes de órganos (60 años), posiblemente debido a sus diferentes causas de fallecimiento. De hecho, el traumatismo craneoencefálico no relacionado con accidentes de tráfico fue la causa de muerte del 42,8% de los casos judiciales y el traumatismo por accidente de tráfico del 24,4%. Estos porcentajes representan el 9,4% y el 4,7%, respectivamente, para el total de donantes fallecidos.
Los donantes judiciales permitieron trasplantar 1.291 órganos de donantes fallecidos en 2023. Respecto a las actuaciones judiciales en estos casos, el año pasado se registraron 22 negativas judiciales a la donación, equivalentes al 5%. En estos casos se ha considerado que la donación podría interferir con la investigación judicial.
La figura del juez es crucial en los casos en los que las causas del fallecimiento del donante generan una investigación penal (accidente, posible homicidio o fallecimiento no certificado que requiere una autopsia judicial para determinar el origen). En los demás casos, el juez de instrucción no interviene.
Su participación comienza con la presentación de una solicitud de autorización judicial por parte del coordinador de trasplantes. El médico forense, actuando como perito judicial, debe determinar si la obtención de órganos podría interferir con la investigación de las causas de la muerte y redactar un informe que permita al juez decidir si la donación podría o no entorpecer dicha investigación. Por ello, es esencial que los profesionales involucrados en estos casos estén familiarizados con el proceso de donación.
Además de los 1.291 órganos de fallecidos, 437 personas donaron un riñón (435) o parte de su hígado (2) en vida. Para este tipo de intervenciones también se requiere la participación de los profesionales de la justicia. Interviene el juez de primera instancia y sus acciones tienen como objetivo comprobar que el consentimiento otorgado por el donante para la extracción de uno de sus órganos sea informado, libre y expreso. El documento de cesión del órgano es expedido por este juez después de la comparecencia en sede judicial del donante, así como de todos los médicos que participan en el proceso.
Fuente (para controlar el refrito): https://www.larazon.es/sociedad/apoyo-jueces-permitio-realizar-1728-trasplantes-organos-2023_2024022265d777b182085c00019351fc.html
