El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha aceptado la solicitud de una familia que denunció adoctrinamiento en los libros de texto de Lengua Catalana y Literatura de la editorial Anaya en 3º de ESO y 1º de Bachillerato. Los padres habían pedido al anterior Gobierno de Armengol que supervisara los manuales para garantizar su rigor científico y neutralidad, tras detectar 31 ejemplos de falsedades y manipulaciones.
Los denunciantes enviaron una carta en septiembre de 2022 pidiendo a la Consejería de Educación y a la Alta Inspección Educativa que revisaran estos contenidos «con clara voluntad adoctrinadora». En la misiva adjuntaron ejemplos como la referencia a una falsa ‘nación catalana’ en tiempos medievales y la sustitución de la Corona de Aragón por la «corona catalanoaragonesa». También se acusaba a Castilla y España de buscar la ruina de Cataluña y se afirmaba falsamente que la primera imprenta de la península Ibérica se creó en Valencia en lugar de Segovia.
A pesar de la obligación de supervisar, la Inspección hizo caso omiso y Educación mandó a los padres a reclamar a la editorial Anaya, negándose a revisar los manuales. Ante esta situación, la familia presentó un recurso ante los tribunales en junio de este año. En la demanda solicitan que el departamento autonómico de Educación supervise los libros y determine si las afirmaciones detectadas tienen rigor histórico. El TSJB ha admitido el recurso y ha dado un plazo de 20 días hábiles a la administración para enviar la información del expediente.
La asociación Escuela de Todos ha denunciado las manipulaciones históricas en los libros, resaltando que buscan fortalecer el sentimiento nacionalista. Lamentan que la educación dependa de profesores con escaso nivel intelectual que eligen libros ideologizados. La editorial Anaya ya estuvo en el punto de mira en 2018 por un libro de Lengua Catalana y Literatura que inventaba prohibiciones del uso del catalán en la Constitución de Cádiz. El Gobierno balear se negó a retirar el libro politizado alegando que ningún centro había protestado.
Durante las últimas legislaturas, la Inspección Educativa balear no revisó los libros de texto ideologizados ni actuó ante las quejas de padres y docentes. El conseller Martí March negó cualquier atisbo de adoctrinamiento catalanista en los centros escolares de las Islas.
