El Consejo de Ministros aprobó la transferencia de alrededor de 200 millones de euros a las comunidades autónomas para la protección de las familias y la lucha contra la pobreza infantil. El Ministerio de Derechos Sociales autorizó la distribución territorial del crédito para el programa de Protección a las Familias y la Atención a la Pobreza Infantil en 2024.
Este año, con la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, se destinarán cerca de 200 millones de euros (198.704.000 euros) a las Comunidades Autónomas, exceptuando a País Vasco y Navarra, así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El objetivo es que puedan ejecutarlo en función de sus competencias en servicios sociales.
El ministro Pablo Bustinduy acordó con los gobiernos autonómicos la distribución de estos fondos y se comprometió a aumentar la financiación en este ámbito en los próximos años. Destacó que esta cifra es la más alta asignada hasta ahora en esta área, pero enfatizó la necesidad de incrementarla para hacer frente a los desafíos en la protección de las familias y los niños.
El acuerdo, previamente abordado en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, será sometido a su aprobación para entrar en vigor. Estos fondos son cruciales para programas como las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales que gestionan las comunidades autónomas.
En resumen, se destinan más de 108 millones de euros al primer programa para proyectos de servicios sociales a nivel municipal, 65 millones al segundo programa para la protección a la familia y la pobreza infantil, y 25 millones al tercer programa para reforzar la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. El reparto territorial se realiza considerando diversos criterios como la población, la superficie y la tasa Arope.
Bustinduy resaltó la necesidad de corregir la infrafinanciación histórica en este sistema y llamó a mantener la inversión en Servicios Sociales. Además, instó a todas las administraciones y partidos a construir consensos para garantizar los recursos y evitar nuevos recortes.
