Los avances en protección y derechos del colectivo LGTBIQ+ a nivel mundial son notables, aunque la igualdad total aún es un objetivo lejano. Algunos países han experimentado retrocesos significativos en esta materia, lo que ha generado preocupación. Según el informe anual «Laws on Us» de ILGA Mundo, un tercio de los países en el mundo aún criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, con 60 Estados miembros de la ONU que lo hacen por ley y otros dos de manera implícita. En siete estados de la ONU, la pena de muerte es el castigo prescrito legalmente para los homosexuales.
En al menos 59 países existen leyes que prohíben expresiones relacionadas con la diversidad sexual y de género, y en 19 de ellos estas leyes se aplican específicamente en entornos educativos. Además, 30 países regulan los contenidos mediáticos relacionados con estas temáticas. En 59 países de la ONU se imponen barreras legales para el registro y funcionamiento de organizaciones que defienden los derechos de las personas LGBTI.
A pesar de estos desafíos, algunos países han logrado avances significativos en los últimos años. España, por ejemplo, ha prohibido las terapias de conversión a nivel nacional, ha fortalecido la protección legal contra la discriminación, ha restringido intervenciones en menores intersexuales y ha reconocido legalmente el género basado en la autodeterminación.
Según Curro Peña Díaz, consultor de investigación de ILGA Mundo, España ha progresado notablemente en la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+, pero es importante tener en cuenta que ningún país está exento de retrocesos en este ámbito. Para alcanzar mayores avances, Peña Díaz sugiere que España podría reconocer legalmente las identidades no binarias, siguiendo el ejemplo de otros países como Argentina, Alemania, Malta y Nueva Zelanda. A pesar de los avances en España, también se han identificado retrocesos, lo que demuestra la fragilidad de los logros en tiempos de crisis o polarización.
