A partir de hoy, las ONG, empresas, administración pública y colegios profesionales tienen la posibilidad de solicitar directamente al Registro Central de Delincuentes Sexuales información sobre empleados que vayan a trabajar con menores de edad. Esta medida es la primera que se implementa luego de la reforma de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia frente a la violencia, aprobada en el Consejo de Ministros y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Anteriormente, como se explicó en un adelanto de la reforma por Distrito, el certificado negativo de antecedentes penales por delitos sexuales, necesario para trabajar con niños y adolescentes, solo podía ser solicitado por el interesado. Esto generaba lagunas en la legislación previa, permitiendo que personas con antecedentes trabajar cerca de menores sin ser detectados por las empresas.
A partir de hoy, los empleadores tienen la posibilidad de solicitar los antecedentes de un trabajador, siempre con la autorización del empleado. En caso de no contar con dicha autorización, el interesado deberá dirigirse al registro para solicitar el certificado.
La reforma también establece controles periódicos para verificar la existencia de antecedentes por parte de las administraciones, empresas y otras entidades. El objetivo es proporcionar información actualizada para evitar que los antecedentes pasen desapercibidos por el empleador.
Certificación más completa para la UE
Otra modificación importante es la interconexión del registro de antecedentes penales europeo y español, agilizando los procesos en la Unión Europea. Esta medida permitirá obtener el certificado en minutos en lugar de meses, según explicó el ministro Félix Bolaños.
Además, el registro se renombrará como Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos para incluir a todas las personas condenadas por trata de seres humanos sin importar la edad de la víctima. Por otro lado, los menores de 16 años en adelante podrán solicitar directamente el certificado de antecedentes penales por delitos sexuales, algo que antes solo podían hacer sus padres o tutores.