Sumar, liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta para establecer una Oficina de «prevención de la corrupción», la cual estará bajo la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados.
Aunque se menciona que la oficina será dirigida por «una directora o director que ejercerá el cargo con plena independencia y objetividad en el desarrollo de las funciones», la clave de su posible politización radica en el sistema de elección.
El «director o directora» será designado por el Congreso «por mayoría de tres quintos», lo que requeriría un acuerdo con la oposición. En caso de no lograrse esta mayoría en un plazo de seis meses, la designación se realizará por mayoría absoluta, lo que permitiría al Ejecutivo imponer a su candidato con el respaldo de sus aliados.
La ley propuesta por Díaz establece que «la directora o director no podrá estar afiliado a ningún partido político, sindicato o asociación profesional o empresarial», aunque no especifica su afinidad con los diferentes partidos políticos.
Los requisitos para ocupar el cargo incluyen ser ciudadano mayor de edad con pleno uso de sus derechos civiles y políticos, así como contar con idoneidad, arraigo, probidad y profesionalidad necesarias. Además, se requiere poseer un título universitario de grado superior y tener más de diez años de experiencia laboral relacionada con el puesto a desempeñar, con una duración del cargo de cinco años.
«Conflicto de interés»
Según la ley, la Oficina de «prevención de la corrupción» se crea con el propósito de prevenir, detectar, investigar y erradicar la corrupción, el fraude y el uso ilegal de fondos públicos, así como cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que impliquen conflicto de intereses o uso privado de información obtenida en el ejercicio de funciones contempladas en la ley.
En medio de la controversia por el caso Koldo, que investiga la intermediación del ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos en contratos de mascarillas, la Oficina de Díaz tendrá competencias no solo en el Gobierno y la Administración General del Estado, sino también en el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía, la Guardia Civil y cualquier entidad mayoritariamente financiada por las administraciones públicas.
Además, se extenderá a personas físicas o jurídicas que reciban ayudas públicas, contratistas, subcontratistas de las administraciones públicas, y aquellos que hayan obtenido permisos, licencias o autorizaciones del sector público. La ley contempla sanciones de hasta un millón de euros, a cargo de la dirección de la Oficina de «prevención de la corrupción».
Fuente (para controlar el refrito): https://okdiario.com/espana/yolanda-diaz-plantea-pedro-sanchez-organo-sobre-conflictos-interes-que-podra-dirigir-sus-socios-12809411
