Cualquier esfuerzo es insuficiente para salvar el nombramiento del fiscal general del Estado que, previamente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) calificó como «inidóneo». Álvaro García Ortiz está decidido a defender su continuidad en el cargo, impugnado ante la Sala Tercera del Supremo por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), y para lograrlo contará con el respaldo de la Abogacía General que actúa en su favor en el procedimiento y también se presentará personalmente, como candidato afectado, junto al abogado José María de Castro Llorente.
De Castro es un conocido de García Ortiz, ya que ha sido el abogado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que tanto el actual fiscal general como su predecesora, Dolores Delgado, pertenecieron antes de adentrarse en la esfera más política de su carrera profesional.
En conjunto con este abogado, García Ortiz ha presentado una recusación contra cuatro de los cinco jueces de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Supremo que decidirán sobre el recurso de la APIF que busca anular su renovación en el cargo. Esta medida busca evitar que los mismos jueces que en el pasado lo criticaron por una «desviación de poder» en el ascenso de Delgado a fiscal de Sala Togada de lo Militar intervengan en este nuevo proceso administrativo.
Por otro lado, la Abogacía del Estado se desvinculó de esta estrategia de desgaste contra los jueces del Supremo, que fue criticada por expertos y considerada un «disparate jurídico» que busca sembrar dudas sobre los miembros del Tribunal Supremo en lugar de buscar un juicio imparcial, como dicta la ley. Algunos miembros de la Fiscalía han calificado esta acción como un verdadero ejemplo de lawfare.
Después de que el fiscal general presentara su escrito al Alto Tribunal, se dio traslado a las demás partes para que presentaran sus argumentos. La entidad recurrente, los abogados públicos y los jueces recusados podrán pronunciarse sobre si consideran que están condicionados para actuar de manera imparcial en el caso. Según lo establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la decisión final sobre la petición de García Ortiz la tomará el presidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, junto con los presidentes de cada Sala y dos magistrados de cada una, el más antiguo y el más nuevo.
Si la Sala acepta la petición de García Ortiz, los jueces serán apartados y otros magistrados de otra Sección asumirán el caso. En caso contrario, los mismos jueces continuarán con imposición de costas al fiscal general e incluso podría haber una multa si se demuestra que la recusación fue presentada de mala fe.
Fuente (para controlar el refrito): https://www.eldebate.com/espana/20240515/fiscal-general-intenta-blindar-nombramiento-defensa-doble-ante-supremo_197130.html
