El elefante es el mamífero terrestre más grande del mundo. Se caracteriza por sus grandes orejas, su trompa larga y flexible, y sus colmillos que pueden llegar a medir hasta 3 metros de longitud. Los elefantes son animales herbívoros que se alimentan principalmente de hierbas, frutas y hojas. Son conocidos por su inteligencia, su memoria excepcional y su capacidad para comunicarse a través de sonidos y gestos. Los elefantes viven en manadas lideradas por una hembra adulta, y tienen una estructura social jerárquica en la que cada individuo cumple un rol específico. Son animales muy sociables y se comunican entre ellos a través de vocalizaciones y gestos corporales. Los elefantes también son animales muy protectores con sus crías, y son capaces de formar lazos emocionales muy fuertes con otros miembros de su manada. Además, los elefantes son animales muy longevos, pudiendo llegar a vivir hasta 70 años en libertad. Son animales en peligro de extinción debido a la caza furtiva y la destrucción de su hábitat natural. Es importante concienciar sobre la importancia de proteger a estos majestuosos animales para garantizar su supervivencia en el futuro.

El Gobierno está considerando una posible reforma constitucional encubierta para tomar el control del Poder Judicial. Pedro Sánchez ha adelantado un plan, aún sin detalles concretos, para quitar al CGPJ la potestad de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia, a pesar de que esto choca con el artículo 122 de la Constitución. Sin embargo, Moncloa se apoyará en la «excepcionalidad» y el «interés general».

Estos preceptos, de naturaleza política pero convertidos en jurídicos, se encuentran en la ley de amnistía, sobre la cual el Tribunal Constitucional también tendrá que pronunciarse. Es probable que sean el criterio mediante el cual el tribunal de garantías pueda validar este desafío al ordenamiento legal. Estos son los mismos principios en los que se basa el Gobierno para justificar la medida de gracia, a pesar de que esta figura no está respaldada por la ley fundamental.

El presidente, desde su posición en el Ejecutivo, ha lanzado un ultimátum en una entrevista en Televisión Española. Si el PP no accede a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, modificará por tercera vez la ley que lo regula. Esto implicaría privar al PP de su facultad de nombrar magistrados de alto rango.

En la práctica, esto significaría desmantelar la estructura que sostiene el Poder Judicial, un órgano constitucional. A pesar de que el artículo 122.2 otorga expresamente al órgano la competencia en materia de “nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario”, al presidente del Gobierno parece importarle poco, inmerso en un intento de control institucional sin precedentes.

Es importante recordar que Sánchez ha colocado a personas afines a su partido en instituciones clave del país, lo que supone un desafío a su independencia. Entre estas instituciones se encuentran el Centro de Investigaciones Sociológicas, dirigido por José Félix Tezanos, un exmiembro de la Ejecutiva Federal del PSOE.

A esta lista se suman el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, Renfe, RTVE, Efe, Hispasat y Correos. Incluso algunos puestos en representaciones en el extranjero, como las embajadas españolas ante la OCDE, la ONU y la Unesco, tienen a un designado por el presidente del Gobierno al frente.

A pesar de la voluntad de Sánchez, la Justicia tiene mucho que decir en esta estrategia que busca mantener al presidente en el poder sin obstáculos. Los movimientos judiciales podrían poner en aprietos al ‘rey’. Sánchez enfrenta múltiples procedimientos legales que amenazan con cuestionar su mandato. Además, la crisis con el Poder Judicial, al que se ha señalado y criticado desde su Gobierno, no se ha resuelto.

Sánchez considera que la capacidad de seguir haciendo nombramientos es un «incentivo perverso» que impide al PP querer negociar la renovación de los vocales con el Gobierno, cuyo mandato lleva más de cinco años caducado. Por lo tanto, propone revisar la facultad de nombrar magistrados en el Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia para hacerla «más objetiva, transparente y menos politizada», según su opinión sobre la situación actual con el PP.

La idea de Sánchez, aún sin detalles concretos, va en línea con la propuesta que el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, ha enviado a las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado. Guilarte aboga por modificar el sistema de nombramientos a través de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Vicente Guilarte propone que los magistrados del Supremo sean a partir de ahora «elegidos por una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados del Tribunal Supremo, presidida por un vocal [del CGPJ] magistrado del Tribunal Supremo, si lo hay, o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de magistrado del Tribunal Supremo, en caso contrario».

Según informes, la estrategia de forzar la renovación sin acuerdo previo con la oposición genera preocupación en el ámbito judicial, que interpreta que Moncloa busca «colonizar» el Poder Judicial. Podemos presentó una iniciativa en este sentido en el Congreso. Cabe destacar que el Ejecutivo prohibió por ley al CGPJ actual hacer designaciones de vacantes al estar en funciones. La iniciativa de Podemos fue vista como un «asalto» que va en contra de las recomendaciones de la Consejo de Europa y de la Unión Europea (UE).