El Ayuntamiento de Barcelona se une a las políticas contra el castellano

La Generalitat está haciendo del uso del catalán su principal enfoque en los últimos tiempos. Esta tendencia se refleja en la educación y ahora también quiere extenderse a otros sectores como la sanidad. Otras entidades, como el ayuntamiento de Gerona, seguirán este ejemplo y exigirán a las empresas con contratos públicos el uso del catalán, con penalizaciones en caso de incumplimiento. El Ayuntamiento de Barcelona se une a esta iniciativa tras el pacto entre socialistas y republicanos, aún en discusión para el gobierno municipal.

En la última sesión municipal se han aprobado una serie de medidas propuestas por ERC en esa dirección. Una de ellas busca incluir «la promoción del uso social del catalán en la ciudad como objetivo principal en el próximo Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento». También se pide integrar la perspectiva lingüística en los criterios de las convocatorias de subvenciones.

Además, se plantea la incorporación del catalán como tema principal en la Convocatoria general de subvenciones del Ayuntamiento para el próximo año, con programas, requisitos y presupuesto para favorecer proyectos y acciones de promoción de la lengua catalana desde diversos sectores de la sociedad barcelonesa. Esta propuesta fue aprobada por ERC, PSC, Junts y los comunes.

La concejal de ERC, Elisenda Alemany, argumenta que el bajo porcentaje de jóvenes que utilizan el catalán como lengua habitual en la ciudad requiere este tipo de medidas, ya que el catalán forma parte de la identidad y debe preservarse.

El pleno también aprobó, por propuesta de los republicanos, la creación de un comisión de estudio para impulsar la presencia del catalán en el entorno digital y en nuevas tecnologías con el fin de fomentar su uso entre los jóvenes y revertir la situación actual.

Colau destinó 24 millones para el catalán

Estas decisiones se tomaron en el último pleno municipal. Durante el mandato de Ada Colau, se aprobó un plan de fomento del catalán en la ciudad con 68 medidas concretas y un presupuesto de 24 millones de euros, que el gobierno actual debería implementar.

Este plan incluía medidas económicas para empresas y comercios, como apoyo a comercios para el uso del catalán a través de cursos o guías. También se ofrecerían cursos específicos para empresas en Barcelona e incorporación de términos en catalán en material turístico. El plan indicaba la capacidad del Ayuntamiento para sancionar, aunque se enfatizó que no se trataba de imponer multas por la rotulación, sino de denuncias por discriminación lingüística.

En el ámbito de la educación, formación y deporte se proponen acciones como la presencia de influenciadores catalanes en escuelas secundarias o la formación en prácticas lingüísticas para entrenadores y árbitros. Además, se establece que el catalán sea la lengua predeterminada en las intervenciones del alcalde y concejales, en la publicidad institucional y canales de comunicación del Ayuntamiento. En total, se incluyeron 68 medidas que abarcan ámbitos como la salud, cultura y ciencia.

PP y Vox fueron los únicos partidos que rechazaron las propuestas lingüísticas de ERC. Según el concejal popular Juan Milian, el catalán debe ser protegido de nacionalismo catalán y no por imposición, ya que ha causado un descenso en su uso entre los jóvenes. Milian destacó que en 2007 el catalán era la lengua principal del 43 % de los jóvenes, mientras que ahora es del 25 %.

Para el líder de Vox en Barcelona, Gonzalo de Oro, las exigencias de ERC y la condición del uso del catalán para recibir subvenciones reflejan el sectarismo del separatismo. De Oro recordó las palabras de Heribert Barrera, expresidente de ERC, sobre el bilingüismo y la «desaparición de Cataluña como nación».

De Oro expresó su preocupación por la posible imposición del monolingüismo catalán y criticó la exclusión del castellano para acceder a subvenciones. Adicionalmente, señaló que estas políticas lingüísticas podrían llevar a un menor uso del catalán y a la eliminación del castellano.

La preocupación de Vox radica en el posible impacto negativo de estas medidas en la diversidad lingüística de Barcelona, así como en la coexistencia del castellano y el catalán. La intención de ERC de priorizar el catalán en todos los ámbitos municipales ha generado división de opiniones entre los partidos políticos y la sociedad en general.