Es crucial recordar en este momento que una de las principales metas del cambio político en Venezuela es establecer un verdadero y efectivo Estado de Derecho. Este Estado de Derecho debe ser totalmente diferente al Estado terrorista que ha construido el régimen de Maduro.
El Estado de Derecho al que aspiramos se refleja en un sistema judicial altamente profesional, independiente de los demás poderes, especialmente del ejecutivo; que se adhiere a la Constitución y las leyes; que protege la igualdad ante la ley y los Derechos Humanos; accesible, transparente y participativo; y, esencialmente, que rinde cuentas de sus acciones en todos los niveles.
La realidad de que Venezuela vive bajo un Estado terrorista se ve en situaciones cotidianas. Militares que hostigan a trabajadores en sus lugares de trabajo o que, junto con organismos policiales, impiden la realización de eventos electorales; militares y policías que violan el derecho a la libre movilidad consagrado en la Constitución, persiguen a pequeños comerciantes por vender alimentos o agua a ciudadanos opositores.
El Estado terrorista es aquel que ordena el cierre de negocios por no discriminar entre clientes. Es el que secuestra a personas que apoyan el cambio político, fabrica cargos en su contra, los encarcela en condiciones inhumanas, les niega el derecho a la defensa y extorsiona a sus familiares; el régimen de Maduro ha creado una estructura que tortura a civiles y militares.
El cambio que buscamos se opone al modelo del Estado terrorista. No debe ser utilizado para venganzas o persecuciones a ciudadanos que han respaldado a Chávez, Maduro, el PSUV u otras organizaciones afines al régimen.
Como ha expresado Edmundo González Urrutia, la política debe centrarse en la reconciliación y en restablecer las libertades para la actividad política. En la Venezuela futura, el chavismo debe tener un espacio legítimo, al igual que otras corrientes políticas.
Es fundamental no generalizar ni estigmatizar a los seguidores del régimen, aunque exista una minoría de delincuentes que cometan delitos graves de manera sistemática. La justicia debe enfocarse en castigar a quienes cometieron crímenes, sin excederse.
La experiencia de Europa del Este y América del Sur, que transitaron de dictaduras a democracias, muestra que el debate sobre la justicia transicional debe iniciar desde ahora para evitar controversias y generalizaciones extremas en el futuro.
Es esencial promover la comprensión de la justicia transicional y fortalecer el Estado de Derecho, evitando generalizaciones perjudiciales y fomentando el respeto a las diferencias políticas.
Los posibles acusados, sus familiares y defensores deben tener garantías de debido proceso, derecho a defensa y cumplimiento estricto de las leyes para asegurar penas justas y proporcionadas, evitando la injusticia actual.
En el debate público sobre la justicia transicional, las víctimas y sus familiares deben participar para compartir sus testimonios y demandas, dando lugar a un Programa Nacional de Reparaciones a las Víctimas que abarque reparaciones económicas, legales, sociales, sanitarias, psicológicas y simbólicas.
El Estado terrorista debe ser seguido por un Estado reparador que promueva una mentalidad política basada en el perdón a través del arrepentimiento, en línea con la tradición judeocristiana occidental.
