El informe más reciente de la ONG Transparencia Venezuela (Crimen organizado y corrupción en Venezuela: un problema de Estado, 2020, actualizado), destaca que la delincuencia criminal se ha convertido en un grave problema que pone en peligro constante a la población y cuyos impactos se han extendido a países de América Latina.
El informe identifica a los principales carteles del crimen organizado y la corrupción (todos promovidos por el gobierno), que muestran las debilidades institucionales del Estado y la crisis política y social en la que se encuentra el país, además de la debacle económica.
En cuanto a los carteles criminales, resaltan las «MegaBandas», unas 19 identificadas hasta ahora, cada una con más de 100 miembros asociados que operan en los barrios de las principales ciudades, especialmente en Caracas.
Estas bandas fueron inicialmente promovidas, financiadas y armadas a través de las llamadas «Zonas de Paz», junto con los «círculos bolivarianos», como una fuerza de choque para la defensa del gobierno, pero luego se independizaron y desarrollaron sus propios objetivos. La megabanda «El tren de Aragua» es un claro ejemplo de esto.
Esto resultó en la creación de una red criminal que opera con casi total impunidad y controla no solo el delito en todas sus formas, sino también las comunidades en las que operan, respaldadas por pequeñas bandas dispersas en el territorio nacional y los colectivos armados conocidos como «Guardianes de la Revolución».
Luego están los «Sindicatos criminales», que manejan las ofertas de empleo y extorsionan a empresas y trabajadores, especialmente en la construcción y en las actividades mineras y petroleras.
Estos sindicatos operan en proyectos estatales como el Arco Minero del Orinoco y empresas de hierro y aluminio, garantizando el «orden y la seguridad» e incluso administrando justicia en las zonas que controlan.
Además, son responsables de altos índices de homicidios en las áreas donde operan y de masacres como las de Tumeremo en el Arco Minero del Orinoco.
Otro grupo destacado en el informe es el de las «Bandas Criminales Fronterizas», formadas por los grupos paramilitares exguerrilleros de las FARC y el ELN que operan en los Estados fronterizos Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, actuando como protección de los corredores de narcóticos de Colombia y como fuerza de choque a favor del gobierno venezolano.
El ELN tiene presencia en 12 Estados, controla actividades económicas a través de la extorsión y el sicariato, y tiene influencia en la actividad minera en los Estados Amazonas y Bolívar.
También se mencionan las «Bandas Criminales colombianas» (BACRIM), el Frente Bolivariano de Liberación (FBL) y los carteles del «Narcotráfico» y de la «Corrupción», que movilizan grandes cantidades de dinero y drogas ilícitas en el país.
En resumen, el informe de Transparencia Venezuela destaca la gravedad de la situación provocada por el crimen organizado y la corrupción en el país.
