La Justicia argentina ha declarado como «crimen de lesa humanidad» el atentado que tuvo lugar en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), dejando 85 muertos y 300 heridos, y que aún sigue impune. La Cámara Federal de Casación emitió dos fallos sobre el caso, confirmando las penas para los principales investigadores del caso y declarando por unanimidad el atentado como crimen de lesa humanidad. Se determinó la participación de funcionarios y agentes iraníes y libaneses en el atentado, vinculándolo posiblemente con el perpetrado contra la Embajada de Israel en 1992. Se recomienda al Estado realizar reformas para llevar a cabo el «juicio en ausencia» de los prófugos, siete libaneses e iraníes que tienen pedido de captura internacional de Interpol. El atentado contra la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994, siendo el peor atentado cometido en suelo argentino. La comunidad judía en Argentina y la Justicia responsabilizan al Gobierno iraní de entonces y al partido libanés Hizbulá. El fiscal encargado de la investigación, Alberto Nisman, fue encontrado muerto en extrañas circunstancias en 2015, poco antes de denunciar a la expresidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento a iraníes sospechosos del ataque. Según Nisman, Fernández habría firmado un acuerdo con Irán para favorecer relaciones comerciales a cambio de disminuir la carga judicial contra los sospechosos.
La justicia argentina califica el atentado contra la AMIA como crimen de lesa humanidad.
