La ciudad sureña se ha convertido en el último refugio para los millones de gazatíes que ya se vieron obligados, al inicio de la contienda, a abandonar sus hogares en el norte para huir de los ataques aéreos israelíes. La mayoría de los evacuados, que la ONU eleva a 1,7 millones, se hacinan en condiciones infrahumanas en Rafah. Antes de llegar a la frontera con Egipto, las tropas israelíes deben entrar en Jan Yunis, bastión de Hamás en el sur de la Franja, y ciudad natal de dos de sus líderes, Yahya Sinwar y Mohamed Deif, responsables del ala política y militar del movimiento islamista respectivamente.
El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, insistió, ayer, en que el Ejército pronto avanzará hasta el «bastión de Hamás», en Rafah. «Llegaremos a los lugares donde aún no hemos luchado en el centro de la Franja de Gaza como en el sur, y especialmente, al último [bastión] de Hamás que queda en Rafah», aseveró Gallant. La ONU, que enfrenta una difícil situación tras las acusaciones de Israel de que varios de sus miembros habían participado en los atentados terroristas del pasado 7 de octubre, ha denunciado que la ofensiva israelí sobre Rafah constituiría «un crimen de guerra».
«Según el Derecho Internacional Humanitario, el bombardeo indiscriminado de zonas densamente pobladas puede constituir un crimen de guerra. Para ser claros, la intensificación de las hostilidades en Rafah, en estas circunstancias, podría provocar la pérdida a gran escala de vidas de civiles», señaló Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU. A pesar de los avances del Ejército israelí, sus soldados se han visto sorprendidos por varias emboscadas de milicianos de Hamás en el norte del enclave.
Israel también lucha su particular batalla contra el organismo internacional, en concreto contra la UNRWA – Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo–, a la que acusan de complicidad con Hamás y de perpetuar la condición de refugiados de los palestinos, lo que imposibilita la resolución del conflicto.
Ayer, cientos de israelíes, espoleados por los ultranacionalistas, se manifestaron en Jerusalén Este para pedir la salida de la UNRWA de Gaza y Cisjordania. Tras las acusaciones del Estado judío, más de una decena de países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, anunciaron que suspendían su financiación a la agencia de Naciones Unidas. El secretario general, António Guterres, informó ayer de la creación de un comité independiente para evaluar si la UNRWA está «haciendo lo que está en su mano para garantizar la neutralidad y responder a las denuncias de infracciones graves cuando se producen».
España, por su parte, a diferencia de muchos de sus socios europeos ha asegurado que mantendrá la financiación y, además, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció que el Gobierno aportará 3,5 millones de euros para que la UNRWA pueda mantener su actividad. La organización advirtió que sin la aportación de terceros países no podría continuar con sus labores más allá del mes de febrero.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha aterrizado hoy en Egipto, tras su encuentro con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, para acelerar los contactos y concretar un acuerdo de alto el fuego en Gaza. Ya existe una propuesta marco sobre la mesa, pero las partes se encuentran enrocadas en los detalles. Egipto y Qatar han actuado de intermediarios y mantienen la esperanza de que se acuerde un cese de hostilidades de seis semanas, que propicie en un alto el fuego definitivo.
