La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el «régimen de incentivo para grandes inversiones» propuesto por el Ejecutivo de Javier Milei en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, con el objetivo de aumentar la llegada de capitales al país.
Después de la aprobación en general y más de 24 horas de debate, los diputados procedieron a votar capítulo por capítulo de la ley ómnibus, el proyecto estrella del Ejecutivo de Milei.
El RIGI, válido por dos años y prorrogable por un año más, consta de doce capítulos que buscan establecer estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años, así como mayor competitividad para inversiones superiores a 200 millones de dólares.
Además, se otorgan beneficios adicionales a proyectos que posicionen a Argentina como un nuevo proveedor a largo plazo en mercados globales donde no tiene presencia relevante, con una inversión mínima de 1.000 millones de dólares.
Algunos diputados que votaron en contra señalaron que este régimen podría favorecer un «nuevo patrimonialismo de amigos» y alertaron sobre la posibilidad de que capitales provenientes del narcotráfico y el crimen organizado entren al país.
El RIGI ofrece un impuesto del 25 % a las ganancias, 7 % a dividendos y utilidades que se reduce al 3,5 % después de siete años, además de considerar el impuesto al cheque y permitir amortizaciones aceleradas.
Los exportadores estarán exentos de derechos de exportación después de tres años en el régimen, y se exceptúa la obligación de liquidar divisas en el mercado oficial de cambios de forma gradual. Asimismo, se eximen de derechos y tasas las importaciones de bienes de capital y partes, en el marco de la libertad para importar y exportar bienes para el desarrollo del proyecto.
Además, se prevé la posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales internacionales en caso de disputas con el Estado nacional que no puedan resolverse de forma amigable, y que los registros contables y estados financieros puedan ser presentados en dólares estadounidenses.
La ley ómnibus, debido a la cantidad de artículos y la magnitud de las reformas que plantea, es la herramienta con la que el Ejecutivo de Milei busca desregular la economía y reducir la intervención estatal.
Este martes también se aprobó la delegación de facultades en el Ejecutivo por un año para atender una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.
Tras un fracaso parlamentario en febrero, el oficialismo negoció intensamente con la oposición ‘dialoguista’ para lograr la aprobación de este texto.
Después de la aprobación en general y más de 24 horas de debate, los diputados procedieron a votar capítulo por capítulo de la ley ómnibus, el proyecto estrella del Ejecutivo de Milei.
El RIGI, válido por dos años y prorrogable por un año más, consta de doce capítulos que buscan establecer estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años, así como mayor competitividad para inversiones superiores a 200 millones de dólares.
Además, se otorgan beneficios adicionales a proyectos que posicionen a Argentina como un nuevo proveedor a largo plazo en mercados globales donde no tiene presencia relevante, con una inversión mínima de 1.000 millones de dólares.
Algunos diputados que votaron en contra señalaron que este régimen podría favorecer un «nuevo patrimonialismo de amigos» y alertaron sobre la posibilidad de que capitales provenientes del narcotráfico y el crimen organizado entren al país.
El RIGI ofrece un impuesto del 25 % a las ganancias, 7 % a dividendos y utilidades que se reduce al 3,5 % después de siete años, además de considerar el impuesto al cheque y permitir amortizaciones aceleradas.
Los exportadores estarán exentos de derechos de exportación después de tres años en el régimen, y se exceptúa la obligación de liquidar divisas en el mercado oficial de cambios de forma gradual. Asimismo, se eximen de derechos y tasas las importaciones de bienes de capital y partes, en el marco de la libertad para importar y exportar bienes para el desarrollo del proyecto.
Además, se prevé la posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales internacionales en caso de disputas con el Estado nacional que no puedan resolverse de forma amigable, y que los registros contables y estados financieros puedan ser presentados en dólares estadounidenses.
La ley ómnibus, debido a la cantidad de artículos y la magnitud de las reformas que plantea, es la herramienta con la que el Ejecutivo de Milei busca desregular la economía y reducir la intervención estatal.
Este martes también se aprobó la delegación de facultades en el Ejecutivo por un año para atender una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.
Tras un fracaso parlamentario en febrero, el oficialismo negoció intensamente con la oposición ‘dialoguista’ para lograr la aprobación de este texto.
