La deuda pública en España, que se sitúa a cierre de marzo en el 109% del PIB (lo que supone que lo que debe el país equivale a todo lo que puede producir en un año incrementado en un 9%), se enfrentará en los próximos años a un futuro sombrío: aunque ha bajado desde el año 2020 -cuando superó el 120% del PIB-, en los próximos años dejará de hacerlo y al final de la década empezará a subir de nuevo, impulsada por el efecto del envejecimiento. Ése es el pronóstico del Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que apuestan por una mejora de la productividad para conseguir contenerla en el futuro.
«Con la deuda pública, es difícil no estar en el club de los catastrofistas«. La confesión es de Esther Gordo, directora de Análisis Económico de la AIReF, y la utilizó este miércoles para abrir su participación en el tercer Foro de Fiscalidad de EsadeEcPol. «La sostenibilidad de la deuda vuelve a estar en el centro de la preocupación por los altos niveles con los que salimos de la crisis, las elevadas presiones de cara al futuro, porque no sabemos en qué momento la tolerancia de los mercados puede cambiar y porque vamos a tener que afrontar decisiones difíciles como la reforma del sistema tributario».
Para reducir la tasa de deuda pública en relación al Producto Interior Bruto hay -matemáticamente- dos opciones: reducir el numerador, es decir, que baje el volumen de deuda, y/o elevar el denominador, incrementar el PIB, y los expertos llaman a actuar sobre ambas palancas, sin olvidarse de la segunda. Los pronósticos de crecimiento para los próximos años no son del todo esperanzadores y la aportación del empleo se verá limitada por el envejecimiento demográfico, de ahí que sea clave impulsar la productividad: «La evolución de la productividad es algo que hay que revisar profundamente porque la contribución del factor trabajo, que es lo que nos ha hecho crecer en los últimos años, se va a acabar y tenemos que buscar nuevas fuentes: la productividad es la fundamental, y también tenemos que actuar en la capitalización de la economía. Nos preocupa mucho la evolución de la inversión, porque España está desacoplándose en comparación con otras economías».
«Tenemos un serio problema de productividad que nos impide que nuestra renta per cápita converja con la de la Unión Europea», coincide con ella Carlos Thomas, director general adjunto de Economía e Investigación del Banco de España. Esta institución recuerda que España está entre el 25% de países más endeudados de la UE y alerta de que, sin un plan de consolidación, la deuda empezará a subir a partir de 2030 por el efecto del envejecimiento y llegará al 120% a finales de esa década.
Ambos organismos son partidarios también de actuar en el numerador, es decir, contener de alguna manera la deuda, para lo que es fundamental reducir la distancia entre los ingresos y los gastos públicos. España tiene un problema de desfase presupuestario -en las últimas dos décadas sólo ha registrado superávit de 2004 a 2007-, lo que denota que hay un déficit estructural que no conseguimos eliminar incluso cuando el ciclo sopla a favor. Ni siquiera cuando el país crece a pleno rendimiento las cuentas públicas cuadran y ese problema se ha agravado desde la pandemia: el Banco de España calcula que ese déficit estructural ha subido hasta situarse en el 3,7% en 2023.
Para arreglarlo sería necesario emprender una reforma fiscal, la gran asignatura pendiente de la economía española que debería hacerse cimentada en un consenso político nacional y con implicación de las comunidades autónomas, pero los expertos apuntan también a otras medidas como el control del gasto, la mejora de la eficiencia de las finanzas públicas e incluso la creación de «una capacidad fiscal central a nivel supranacional para financiar proyectos públicos europeos como la política industrial, la defensa o el cambio climático», tal y como propone la AIReF.
El impacto del envejecimiento
El aumento de la proporción de personas mayores de 65 años sobre el total de la población es una de las mayores amenazas para las finanzas públicas en los próximos años. No sólo afectará a la Administración General del Estado, por la presión que experimentará por el lado del gasto el sistema público de pensiones, sino que las comunidades autónomas también verán como se dispara el gasto en competencias que tienen transferidas como la sanidad o los cuidados de larga duración.
«La incertidumbre es elevada, dadas las bajas tasas de natalidad y los altos niveles de longevidad, incluso aunque supongamos una evolución muy favorable de la inmigración, el problema del ascenso de la deuda va a estar ahí», alerta la AIReF, que espera que en los próximos cinco años la deuda frene su descenso por dos razones: que la inflación dejará de contribuir a un incremento ‘artificial’ del PIB, y a que se estabilizará el déficit público en torno al 3,2% del PIB hasta 2028. A partir de ahí, sin embargo, cree que el coste del envejecimiento empezará a entrar en la dinámica con un importante incremento de la deuda desde finales de esta década.
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