El Estado está en camino de convertirse en el mayor accionista de referencia para las empresas cotizadas en España. Con más de 30.600 millones de euros invertidos en compañías, después de su entrada en Telefónica este año, donde adquirió el 10% del capital; en Indra aumentó su posición hasta controlar el 28% en 2023. También influye la buena marcha en Bolsa de firmas como Aena o CaixaBank, que representan la mayor parte de su cartera de participaciones. Estas cifras son significativas ya que podrían hacer que el Estado supere a BlackRock en volumen como principal accionista del Ibex. La firma estadounidense tiene alrededor de 29.000 millones en participaciones relevantes.
Criteria, que busca volver a ser el inversor clave del país, es el tercero en discordia. El brazo inversor de La Caixa acumula cerca de 21.200 millones de euros en empresas cotizadas nacionales. Después de entrar este año en ACS y Puig, también aumentó su presencia en Telefónica, hasta casi el 10%, y tiene el compromiso de llegar al 17% de Inmobiliaria Colonial, una meta que aún no ha alcanzado por completo.
No es fácil superar al gigante de la inversión estadounidense. BlackRock opera bajo las normas de los fondos indexados, lo que implica que debe replicar la composición de los índices y, por lo tanto, está presente en casi todas las empresas, aunque con matices. Por ejemplo, no favorece a las empresas con poco free float (capital libre que cotiza en el mercado), que suelen ser empresas familiares. Está presente, pero en menor medida. Un ejemplo claro es Inditex, con casi el 60% del capital controlado entre su fundador, Amancio Ortega, y su hija Sandra, pero también sucede con otras empresas como Meliá Hotels o Mapfre.
LA ‘ESPAÑOLIDAD’ DEL IBEX
El Estado no está solo en su intento de proteger la nacionalidad de las empresas españolas. En los últimos tiempos, Criteria se ha convertido en un socio estratégico para el Gobierno, ya sea por decisión propia del holding que preside Isidro Fainé (como en el caso de Naturgy), o porque así lo ha requerido el Gobierno (como en el caso de Talgo). Sin embargo, hasta ahora estas operaciones no han tenido éxito. Fainé intentó negociar hasta el último minuto con Taqa y los fondos salientes de Naturgy, CVC y GIP, las condiciones de la OPA, pero al parecer los emiratíes no estaban dispuestos a ceder el control a Criteria. No era solo una cuestión de precio.
Tampoco ha funcionado, hasta el momento, la búsqueda de un socio estratégico que actúe como caballero blanco y lance una contraopa sobre Talgo en colaboración con La Caixa, donde, en principio, no quieren participar. El Gobierno busca evitar que la empresa húngara Magyar Vagon tome el control del grupo ferroviario, pero la situación está completamente estancada. No hay ningún socio dispuesto y Criteria no quiere asumir ese papel.
La única operación exitosa este año ha sido la entrada en Telefónica para contrarrestar la presencia de la empresa estatal STC en su accionariado. Entre La Caixa y el Estado, a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), controlan casi el 20% de la compañía telefónica.
En septiembre se cumplirá un año desde que los saudíes anunciaron su intención de adquirir el 9,9% de la empresa presidida por José María Álvarez-Pallete, pero hasta ahora solo han alcanzado un 5% directamente. Goldman Sachs retiene el resto de las acciones a la espera de la autorización del Gobierno para la compra.
La participación del 10% de la SEPI en Telefónica aporta más de 2.250 millones de euros a la cartera de participadas del Estado. Es la cuarta posición más relevante entre las empresas cotizadas. Aena, por sí sola, representa casi la mitad de los 30.660 millones de euros. El Estado mantiene el control de la compañía, con el 51% del capital a través de Enaire, lo que valora en más de 14.600 millones. Solo este año, gracias al impulso del sector turístico en España, Aena ha subido un 16% en Bolsa, aumentando el valor de la participación del Estado en cerca de 4.000 millones de euros.
Le sigue CaixaBank, donde el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) trasladó sus acciones desde Bankia cuando el banco catalán tomó el control hace cuatro años. El 16% que tiene el Estado en su capital equivale a casi 6.000 millones de euros, un 32% más que el 1 de enero, gracias a la subida de los tipos de interés en la zona euro.
Además de las ganancias en Bolsa, el Estado ha recibido otros 1.140 millones de euros en dividendos de sus principales participadas este año: Aena (586 millones), CaixaBank (462) y Telefónica, que le pagó otros 85 millones en junio como nuevo accionista. A esto se suman otros 105 millones este verano en dividendos de Redeia, donde tiene un 20%, Indra y Enagás.
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