El Gobierno evaluará con detenimiento las dos operaciones que involucran a Digi y que son clave para su futuro en España: la venta de parte de su red de fibra al fondo Mcquarie y la cesión de 60 MHz de espectro móvil restante de la joint venture entre Orange y MásMóvil. Según información de THE OBJECTIVE, se realizará un análisis que relacione ambos movimientos y estudie sus implicaciones cruzadas, especialmente en cuanto a los compromisos de inversión que puedan asegurar los actores involucrados.
Recientemente, Digi anunció la venta de la mitad de su actual red de fibra a los fondos de inversión Macquarie, abrdn y Arjun (propietarios de Onivia) y se comprometió a desplegar 1,75 millones de accesos futuros. Esto implica un total de seis millones de unidades inmobiliarias transferidas por un monto de 750 millones de euros. La operación está sujeta a las autorizaciones del comité de inversiones extranjeras en España y del control de operaciones de concentración por parte de la Comisión Europea.
Los fondos de inversión propietarios de Onivia solicitarán la autorización en las próximas semanas, y el Gobierno tendrá tres meses para responder, sin contar con posibles suspensiones, por lo que la operación podría recibir luz verde como muy pronto antes del verano o en septiembre. Ambos movimientos estarán bajo la supervisión y análisis del Ministerio de Transformación Digital liderado por José Luis Escrivá.
Compromisos de MásOrange
El Gobierno ha expresado su preferencia por empresas industriales en lugar de fondos de inversión para gestionar las infraestructuras estratégicas de España, como es el caso de la red de fibra. Con la adición de los actuales 4,25 millones de hogares que Digi traspasará a Onivia, esta última se convertirá automáticamente en la tercera red más grande de España con ocho millones de unidades inmobiliarias, solo por debajo de Telefónica y MásOrange.
Para el Gobierno, es crucial que estos fondos garanticen fuertes compromisos de inversión y permanencia en el mercado español. Un ejemplo de esto es el compromiso de inversión de 4.000 millones de euros que se logró con la nueva MásOrange, a pesar de que su plan original de fusión no superaba los 1.000 millones de euros, demostrando la capacidad disuasoria del Ejecutivo.
Esta operación se relacionará directamente con la cesión del espectro de MásOrange a Digi, la cual también está en manos del equipo de Escrivá. Algunos sectores del Gobierno ven como contradictorio que la operadora rumana quiera asumir espectro y construir una red móvil al mismo tiempo que vende parte de sus infraestructuras de fibra, que hasta ahora han sido su principal activo como operador industrial en España.
Inversión de Digi
La explicación de Digi es que necesitan los 750 millones de euros para financiar parte de los 2.000 millones de euros que se comprometen a invertir en España en los próximos siete años, principalmente en la nueva red móvil que surgirá de la cesión de los 60 Mhz de espectro de MásOrange, por la cual deberán pagar otros 120 millones. Es decir, venden parte de sus activos para garantizar su inversión y ritmo actual.
En cualquier caso, dentro del Gobierno no se contempla bloquear estas autorizaciones, aunque se considera posible endurecer los compromisos de inversión que ya se obtuvieron en la joint venture de Orange y MásMóvil, y que también se prevén exigir en la compra de Zegona a Vodafone.
Asignación de espectro
Debido a que la fusión de MásOrange supera los límites de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo empresarial, los spectrum caps, la normativa establece que la nueva entidad tiene cinco meses desde el cierre de la transacción para resolver esta situación. Una vez finalizado este proceso, las partes involucradas deben solicitar la aprobación del Gobierno para la cesión de los 60 Mhz de espectro restante a Digi y otros 30 Mhz que se subastarán a otros interesados, siendo Telefónica la operadora favorita.
En este punto, el Gobierno exigirá compromisos de inversión, mantenimiento del empleo y desarrollo de infraestructuras por parte de Digi. Algunas fuentes del sector creen que el objetivo del Ejecutivo y del Ministerio de Escrivá es aumentar la cifra de 2.000 millones de euros a la que Digi se ha comprometido públicamente, o al menos acotarla en un plazo menor.
