En tiempos de crisis, el fraude eléctrico se ha convertido en un problema creciente en España. Según estimaciones del sector, el fraude eléctrico ocasiona pérdidas anuales de más de 2.000 millones de euros para las redes de distribución, lo que se traduce en un coste extra anual de 70 euros por consumidor. Este fraude se realiza principalmente a través de la manipulación de contadores, el puenteo de los mismos o la conexión ilegal a la red.
Se estima que en España existen más de 200.000 conexiones eléctricas ilegales, muchas de las cuales están vinculadas a actividades ilícitas como plantaciones de marihuana en casas ocupadas o granjas de criptomonedas. El fraude eléctrico se concentra en áreas como Cataluña, el Sur de Madrid, Toledo y Canarias, pero también se extiende a zonas de alto nivel adquisitivo y actividades del sector terciario.
A pesar de que la mayoría de los fraudes corresponden a hogares, la mitad de la energía defraudada proviene de empresas del sector industrial y servicios. La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito penado con multas de hasta 12 meses de cárcel, y las empresas distribuidoras tienen la función de detectar y denunciar estos casos a las autoridades.
Compañías como Naturgy han logrado recuperar grandes cantidades de energía consumida de forma fraudulenta a través de actuaciones de detección y apertura de expedientes por fraude. Estas acciones han permitido interceptar dispositivos fraudulentos y recuperar la electricidad consumida ilegalmente.
El fraude eléctrico supone un problema social con consecuencias graves, como incendios y riesgos para la seguridad. Los nuevos contadores inteligentes han facilitado la detección del fraude, aunque en ocasiones se requiere autorización judicial para intervenir en casos de robo eléctrico.
