La tensión entre la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la patronal CEOE sube de temperatura. Por un lado, Díaz intenta arrinconar a la patronal en el trascendente proyecto de ley de reducción de la semana laboral en España, pero no osa por ahora consumar el ultimátum que anunció para este lunes. Por otro, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, tiene decidido presentar una queja contra el Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo por practicar «el monólogo social», según confirman a EL MUNDO fuentes de CEOE.
Todo esto tras una jornada que no fue el hito esperado. Aunque Díaz anunció que si CEOE no presentaba propuestas para negociar, tomaría ya «una decisión» sin ella, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, anunció que habrá, al menos, otra reunión con todos los agentes sociales para la próxima semana. Este amago de ruptura no cumplido por el Ministerio de Trabajo fue interpretado por fuentes de la patronal consultadas como que Díaz no se ve con fuerza suficiente para imponer por ley la semana laboral de 37,5 horas, al menos por ahora. «En el Ministerio están débiles», señalan.
No obstante, Pérez Rey preparó el terreno, en su declaraciones al término de la reunión, para un acuerdo limitado a los sindicatos, porque «la actitud de CEOE es decepcionante» y «se burla del diálogo social». Dio a entender que si no ha consumado el ultimátum, es porque CCOO y UGT aún tienen reservas con la redacción del anteproyecto de ley de reducción de jornada laboral.
La representante de CEOE en la reunión, Rosa Santos, se negó a presentar propuestas al considerar que Díaz tiene ya decidido el desenlace y que pretende lanzarse a bajar la jornada sin acuerdo con las empresas, que son las responsables de implantar el recorte.
En línea con los representantes de Cepyme y de la Confederación Nacional de la Construcción, particularmente afectada, la patronal consideró inaceptable intentar reducir la jornada deteriorando aún más la productividad. Pérez Rey negó tal efecto y califico de «apocalíptica» esta posición.
Por su parte, en UGT insisten en que, siquiera por pragmatismo, sería útil intentar embarcar en el acuerdo a la patronal, pero sin que eso signifique dar mucho más tiempo por si un eventual adelanto electoral frustre la tramitación del anteproyecto de ley. «Hay que alcanzar con la patronal o sin la patronal este mes», dijo el representante del sindicato, Fernando Luján.
¿Tendrá tal acuerdo después apoyo parlamentario incluido el decisivo del PNV y Junts? «Esperamos respaldo del conjunto de las fuerzas parlamentarias, porque es una medida de sentido común», afirmó Pérez Rey.
Garamendi no prevé mover ficha, porque, como ha comentado, «no se negocia con quien quiere ganar cinco a cero», pero queda ahora a la espera de qué redacción se atreve Díaz a efectuar de la nueva ley. De momento, ha decidido denunciar su actitud ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el organismo de la ONU que vela por las relaciones laborales. Fuentes autorizadas de la patronal aseguran a EL MUNDO que Garamendi ha decidido elevar la citada protesta contra el Gobierno español ante la OIT por vulneración del convenio 154 de este organismo. Éste es el que consagra mundialmente la necesidad de proteger la negociación colectiva y el que obliga a los gobiernos a que «la negociación colectiva no resulte obstaculizada por la inexistencia de reglas que rijan su desarrollo o la insuficiencia o el carácter impropio de tales reglas».
Desde el punto de vista de la patronal, la líder de Sumar modifica acuerdos alcanzados entre empresarios y sindicatos tanto para la reforma laboral, como el llamado Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) vigente hasta 2025 y firmado en 2023 por los agentes sociales sin participación del Gobierno.
El cambio en la semana laboral que preconiza Díaz altera, según Garamendi, de forma decisiva las condiciones salariales y laborales de aquel acuerdo.
Por su parte, el servicio de estudios de Fedea criticó que el Gobierno pretenda una reducción de la semana laboral en España por ley, cuando debe ser fruto de la negociación colectiva ante el riesgo de efectos indeseados y pérdida de productividad, según un informe publicado este lunes.
