El Gobierno confía en alcanzar un acuerdo con la Iglesia respecto al plan de indemnización para víctimas de abusos que hayan prescrito, incluso los casos antiguos o aquellos sin pruebas. Según fuentes gubernamentales, serán los prelados españoles quienes asumirán el costo «seguro» de esta compensación, luego de su aprobación en el Consejo de Ministros.