Un tribunal internacional ha ratificado una condena de 28 millones de euros contra España por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. Esta deuda se suma a los 1.800 millones que España ya adeuda a las empresas del sector, incluyendo honorarios de abogados e intereses de demora.
El caso RWE, que inició su arbitraje en diciembre de 2014, resultó en una condena de 28 millones de euros a España por la afectación de siete plantas de energía renovable debido a la retirada retroactiva de las primas renovables. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) tumbó el recurso del Gobierno de Pedro Sánchez, confirmando la condena a favor de la empresa alemana.
La batalla de las renovables
El tribunal internacional validó la sentencia original del CIADI, indicando que España no puede eludir sus compromisos en materia de derecho internacional como país firmante del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Las empresas afectadas por la retirada de las primas renovables han obtenido 26 victorias en el CIADI, acumulando condenas millonarias para España.
El Gobierno se niega a hacer frente a los pagos, lo que ha llevado a empresas a embargar activos españoles en varios territorios. Entre las propiedades embargadas se encuentran el Instituto Cervantes de Reino Unido y la sede del Instituto Vicente Cañada Blanch en Londres.
Carta de la Energía
La situación se originó en 2007 con un programa de ayudas para energías renovables que posteriormente fue retirado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Los inversores reclamaron pérdidas millonarias, desencadenando litigios internacionales. A pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que limita los arbitrajes de inversión, las empresas siguen buscando compensación por las pérdidas sufridas.
