Las pymes se verán especialmente afectadas por la reducción de la jornada laboral propuesta por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que busca establecerla en 37,5 horas semanales durante esta legislatura. Esto se debe a una menor productividad, rentabilidad y recursos organizativos, así como a la menor presencia del convenio de empresa en este sector, según el informe presentado por Cepyme. Esta reducción de la jornada laboral implica un aumento de los costes laborales y un mayor riesgo de conflictividad en las plantillas.
Los analistas advierten que esta subida de los costes laborales se suma a las dificultades para reasignar recursos y a la incertidumbre en la reorganización del trabajo, especialmente en una economía con problemas de vacantes y escasez de mano de obra. Se estima que una reducción no negociada del tiempo de trabajo con los salarios actuales implicaría un coste directo de 11.800 millones de euros, sumado a costes indirectos de 30.600 millones por la disminución del valor añadido bruto y el posible cierre de pequeñas empresas.
Para evitar un impacto negativo en las empresas, la reducción de la jornada laboral debe ir acompañada de un aumento de la productividad. Las pymes españolas han experimentado una disminución continua de su productividad desde la pandemia, por lo que es necesario impulsar un marco favorable al desarrollo de la actividad y la productividad antes de implementar esta medida, según Cepyme.
La Confederación destaca la importancia de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos para abordar esta reducción de la jornada laboral. La jornada laboral en España ha disminuido de 40 horas semanales en 1983 a 38,3 horas actualmente, gracias a la negociación colectiva que ha permitido adaptar las condiciones de trabajo. En el caso de los convenios de empresa, la reducción de la jornada ha sido más significativa, llegando a las 37,2 horas semanales.
En resumen, la reducción de la jornada laboral impactará en la mayoría de los trabajadores cubiertos por convenios colectivos, especialmente en sectores como las actividades inmobiliarias, hostelería y agroganadería. Es fundamental impulsar la productividad antes de implementar esta medida y fomentar la negociación colectiva como herramienta para adaptar las condiciones laborales de manera efectiva.
