En el Congreso, el grupo Sumar ha propuesto revisar los contratos públicos de Vodafone con la Administración General del Estado, tras el anuncio de un ERE que afectaría a 1.198 empleados, el 36,7% de la plantilla, gestionado por el fondo Zegona. Esta situación ha generado preocupación social, especialmente por el impacto en empleados mayores de 54 años y en puestos de trabajo indirectos.
Los diputados Félix Alonso, Enrique Santiago, Aina Vidal y Verónica Martínez también destacan que la plantilla de Vodafone ya ha sufrido varios despidos colectivos en los últimos años, a pesar de representar solo el 3% del coste operativo de la compañía. Además, cuestionan la rapidez con la que se tomó la decisión del ERE tras la adquisición de la empresa por parte de Zegona.
Revisión de contratos y ayudas
En este contexto, los diputados piden al Gobierno información sobre los contratos actuales de Vodafone con la Administración General del Estado y si la empresa ha recibido ayudas vinculadas a fondos europeos. También plantean la importancia de incluir cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos, así como la necesidad de evaluar el impacto del despido en la calidad del servicio de la operadora con entidades públicas.
Por último, se cuestiona si la reducción del número de operadores en el mercado de las comunicaciones en España en los últimos años es positiva. En definitiva, Sumar busca garantizar que los contratos públicos y las ayudas concedidas se ajusten a criterios de responsabilidad social y laboral, en beneficio de los trabajadores y la sociedad en general.
