La secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, ha liderado la Comisión de Coordinación del Empleo Público para analizar la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los interinos. El tribunal europeo determinó que los contratos del personal interino que encadenan varios contratos temporales deben convertirse en indefinidos para prevenir abusos en el sector público.
En la reunión de la Comisión se evaluaron las medidas para reducir la temporalidad en el sector público español y se esperará la interpretación de los tribunales españoles sobre el fallo del TJUE. La sentencia respondió a la petición de tres trabajadoras interinas de la Generalitat de Cataluña cuyos contratos temporales de larga duración se solicita que se transformen en indefinidos.
El Tribunal Supremo planteó al TJUE una cuestión prejudicial sobre la situación de los empleados públicos con temporalidad abusiva y si subir la indemnización a 20 días por año trabajado sería adecuado para sancionar la temporalidad abusiva en el sector público. La legislación española ha sido criticada por no disuadir adecuadamente a las Administraciones Públicas del abuso de la contratación temporal.
El Supremo cuestiona si la doctrina jurisprudencial que niega el reconocimiento de la condición de trabajadores fijos del sector público a quienes no han superado un proceso de selección es conforme al Derecho de la Unión Europea. También plantea si el pago de una indemnización disuasoria superior a la actual sería una medida adecuada para cumplir con la normativa de la Unión Europea en la prevención de abusos derivados de contratos temporales.
El Tribunal Supremo destaca la importancia de regularizar las situaciones derivadas del carácter abusivo de la utilización de contratos temporales en el sector público. Además, menciona que la declaración de una persona como indefinido no fijo en el Derecho español garantiza sus derechos laborales y protege su estabilidad laboral.
En resumen, la situación de los trabajadores interinos en el sector público está siendo objeto de debate tanto a nivel nacional como europeo, con el objetivo de garantizar la estabilidad y los derechos laborales de este colectivo.
