El Plan de Recuperación y sus inversiones millonarias financiadas a través de los fondos del programa Next Generation tenían como objetivo principal transformar a España mediante un plan de reformas estructurales. Se planeaba inyectar más de 163.000 millones en la economía española, con 79.000 millones en ayudas a fondo perdido y 84.000 millones en créditos blandos. A pesar de ser uno de los primeros países en solicitar estos fondos, España ha quedado rezagada en su ejecución.
En julio de 2022, se había puesto en marcha el 46,3% de los más de 69.000 millones contemplados en el plan, pero solo se ha ejecutado alrededor del 20%. Mientras tanto, países europeos similares están cerca del 50% de ejecución. El Instituto Juan de Mariana señala que las autorizaciones han disminuido en los últimos años, lo que se refleja en una caída de los fondos comprometidos y de las obligaciones reconocidas. Los pagos realizados también han descendido significativamente.
Para el período de 2024, la tendencia empeora, con 10.455 millones de euros del Presupuesto sin ejecutar. La mayoría de los fondos europeos se han destinado al sector público, con solo un 20% asignado a empresas privadas. De los 79.000 millones comprometidos en ayudas a fondo perdido, el Gobierno planea que 37.000 millones se destinen a gastos estructurales y corrientes, entre otros.
El Instituto critica que solo el 13,6% de las empresas españolas ha accedido a estos fondos, mientras que el resto ha ido a instancias del Estado. De los 35.944 millones que el Gobierno debía inyectar en la economía, solo se han pagado 9.822 millones, es decir, el 27,3% del total. Muchos de estos recursos han terminado en otras instancias públicas en lugar de llegar a empresas y familias.
Además, las convocatorias de los fondos europeos son difíciles de acceder para las pymes, lo que ha llevado a que la mayoría de los recursos lleguen a grandes empresas en lugar del tejido productivo en general.
