El principio de quien contamina paga es fundamental en la política medioambiental europea y ha sido adoptado por el PSOE en sus programas electorales, incluyendo instrumentos de fiscalidad ambiental como impuestos y desgravaciones para fomentar la responsabilidad ambiental de las empresas. La candidata socialista, Teresa Ribera, aboga por explorar nuevas formas de financiación para la política medioambiental, incluyendo impuestos globales y bonos verdes.
A pesar de la retórica política, la recaudación de impuestos ambientales en España ha disminuido, representando solo el 1,52% del PIB en 2022, el nivel más bajo en años. En comparación con la media de la UE, España se encuentra rezagada en este aspecto. A nivel europeo, la tendencia es a la baja en la recaudación de impuestos ambientales.
La implementación de políticas europeas en España ha sido confusa, como en el caso de la directiva para instalar peajes en las autopistas, que el Gobierno español aún no ha trasladado a la legislación nacional. Otra decisión polémica ha sido la reintroducción del impuesto a la generación eléctrica sin distinguir entre energías renovables y contaminantes.
El PSOE promete avanzar en la fiscalidad verde, impulsando impuestos y desgravaciones para fomentar la responsabilidad ambiental de las empresas, pero la falta de concreción en sus propuestas genera incertidumbre. La Comisión Europea estima que el incumplimiento de la legislación ambiental de la UE conlleva costos y pérdidas significativas.
En España, los hogares representan casi la mitad de la recaudación total de impuestos ambientales, con un descenso del 3,2% en 2022 con respecto al año anterior. Los impuestos ambientales se dividen en tres categorías principales: energía, transporte y contaminación/recursos, con los hogares asumiendo la mayor carga impositiva en este aspecto.
