En un país donde la vivienda legalmente adquirida puede ser allanada sin protección para el propietario, la Justicia ampara al usurpador. Se difama a los empresarios de éxito, se les acusa de dar limosnas y se les tacha de rastreros o capitalistas despiadados. Desde todas las esferas del Gobierno se insinúa que los supermercados, las energéticas, la banca y otros sectores son tramposos.
En ese mismo país, la Fiscalía filtra información confidencial sin pudor, la Justicia está corrompida por un Gobierno que practica una política de tierra quemada, y los asesores fiscales expresan su preocupación por la inseguridad jurídica. Las multinacionales son sometidas a impuestos inexistentes en otros países, lo que genera una inseguridad jurídica tremenda.
Los empresarios denuncian que la inseguridad jurídica es la principal amenaza para la economía española, por encima de la incertidumbre política y el cambio regulatorio. España es el país con más litigios internacionales perdidos y pendientes de pago, junto con Venezuela y Rusia. Todo esto es resultado de un poder político intocable que se considera por encima del bien y del mal, llevando a la democracia a una muerte inevitable.
