Los fiscales que llevan el caso contra Donald Trump por el manejo inadecuado de documentos clasificados encontrados en su poder después de salir de la Casa Blanca solicitaron a la corte este viernes que se le prohíba al expresidente hacer declaraciones que representen un peligro significativo para los agentes del orden involucrados en el proceso.
Esta solicitud surge como respuesta a las acusaciones del expresidente Donald Trump (2017-2021) de que el Departamento de Justicia autorizó el uso de «fuerza letal» en la redada a su mansión en Mar-a-Lago (Florida).
El martes pasado, el exmandatario republicano insinuó en un correo de recaudación de fondos que el lenguaje utilizado en la orden de registro implicaba que el presidente actual, Joe Biden, quería que agentes armados lo eliminaran.
Además, en su red social, Truth Social, afirmó que «el Departamento de Justicia de Joe Biden autorizó al FBI a usar fuerza letal» en su contra.
Su campaña continuó en esa línea al mencionar en otro correo electrónico que «autorizar el uso de ‘fuerza letal’ contra un expresidente de Estados Unidos (y principal rival político del partido en el poder) lleva el uso de la ley como brazo armado, por parte de la Administración de Biden, a un nivel completamente nuevo».
La moción de 12 páginas insta a la jueza del Distrito Sur de Florida, Aileen Cannon, a dejar claro que las declaraciones del exmandatario generan una «impresión extremadamente engañosa» sobre las intenciones y la conducta de los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley (insinuando falsamente que eran cómplices de un complot para asesinarlo) y «exponen a esos agentes, algunos de los cuales serán testigos en el juicio, al riesgo de amenazas, violencia y acoso».
Los fiscales expresaron en la moción entregada a Cannon, nombrada por Trump, que la corte tiene la «obligación» de proteger la integridad de este proceso judicial y que se deben tomar medidas inmediatas para detener esta «peligrosa campaña de difamación de la ley».
Las afirmaciones de Trump provocaron la condena del fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, quien calificó de «falsa» y «extremadamente peligrosa» la acusación del exmandatario republicano sobre el registro realizado en su mansión el verano pasado.
El pasado 7 de mayo, la jueza Cannon pospuso indefinidamente la fecha del juicio a la espera de la resolución de litigios previos, lo que hace poco probable que el proceso se lleve a cabo antes de las elecciones de noviembre.
