El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que ha comenzado la segunda fase de la «guerra» contra las bandas del crimen organizado, con la imposición de un nuevo estado de excepción que abarca 7 de las 24 provincias del país, así como un municipio de una octava provincia.
Mediante un decreto, Noboa decretó el estado de excepción por 60 días en las provincias costeras de Guayas (con su capital Guayaquil), Santa Elena, Manabí, El Oro y Los Ríos, así como en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, además del cantón (municipio) de Camilo Ponce Enríquez, en la provincia sureña andina de Azuay, donde recientemente fue asesinado su alcalde.
Este estado de excepción reemplaza a uno anterior que se había aplicado el 30 de abril en cinco provincias (Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro y Los Ríos) y que fue declarado inconstitucional el 10 de mayo por la Corte Constitucional, al considerar que la medida no estaba debidamente fundamentada.
En un video publicado en redes sociales para anunciar el nuevo estado de excepción, Noboa aseguró que «hoy nos encontramos en la segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado. Las bandas criminales, ante la ofensiva militar, se han resguardado y atrincherado en siete provincias».
El presidente enfatizó en la necesidad de que «las Fuerzas Armadas y la Policía tengan libertad de acción» en las provincias más afectadas por el crimen organizado.
El nuevo estado de excepción implica la suspensión de los derechos de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia en los territorios mencionados, así como la orden a la autoridad nacional de Derechos Humanos de informar sobre ataques armados o amenazas de las bandas criminales.
En este decreto no se contempla la movilización de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía en operaciones contra el crimen organizado, ya que esta medida es permanente después de ser aprobada en el referéndum del pasado 21 de abril, solicitado por Noboa.
En ese plebiscito, el mandatario recibió un amplio respaldo a nueve reformas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, pero dos reformas en materia económica para legalizar contratos laborales por horas y permitir arbitrajes internacionales con inversores en cualquier jurisdicción fueron rechazadas.
Desde el inicio del año, Noboa ha elevado la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», considerando a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
Asimismo, emitió un estado de excepción a nivel nacional que estuvo vigente del 8 de enero al 7 de abril, durante el cual militarizó las cárceles, uno de los focos de la crisis de violencia en el país, ya que muchas prisiones están controladas por las bandas criminales.
Se atribuye a las bandas del crimen organizado, principalmente dedicadas al narcotráfico, la ola de violencia que afecta a Ecuador, situándolo entre los países de Latinoamérica con mayor número de homicidios, con una tasa de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
Este miércoles, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) envió una carta a Noboa expresando que sus evaluaciones sobre el primer estado de excepción determinaron que la declaración de «conflicto armado interno» no estaba suficientemente justificada y que esta medida contribuyó a graves violaciones de los derechos humanos.
