El pasado 13 de mayo se publicó un documento sobre la ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, presentado por la Ministra de Sanidad con el lema «la sanidad no se vende, se defiende». En este se critican las comisiones, lucros y beneficios obscenos, enfocándose en garantizar el derecho a la salud y no las cuentas de las empresas privadas. El Gobierno muestra su preocupación por la participación de empresas privadas en el servicio sanitario público, considerándolas un problema en la gestión pública. Sin embargo, esto es un mal diagnóstico del sistema, ya que la colaboración público-privada ha sido parte del sistema desde antes de la ley 15/1997. Aunque la ley enfatiza la integridad, se cuestiona si se busca establecer un monopolio público en la prestación de servicios sanitarios, lo cual sería una excepción en Europa. Se plantea una discriminación entre empresas con beneficio empresarial y benéficas, limitando la participación del sector privado en el servicio público. A pesar de las preocupaciones, se menciona que la ley probablemente no se apruebe, y en caso de hacerlo, su impacto sería mínimo debido a la autonomía de las comunidades en la gestión sanitaria.
Las empresas privadas no son un obstáculo en el sistema de salud.
