El Ministerio de Sanidad había anunciado la intención de aprobar una ley de gestión pública sanitaria para reducir la presencia del sector privado en el sistema de salud público. Mónica García busca convertir en ley el lema ‘la sanidad pública no se vende, se defiende’. El proyecto de la norma, llamado ley de gestión pública e integridad del sistema nacional de salud, se encuentra en consulta pública y busca limitar la gestión de servicios sanitarios públicos por entidades privadas con ánimo de lucro.
El documento del Ministerio de Sanidad destaca que se facilitará la reversión de modelos de privado a público, permitiendo que hospitales gestionados inicialmente por la administración y luego por empresas privadas vuelvan a depender exclusivamente del sector público. La norma busca resolver problemas como la pérdida de control en la gestión por parte de las administraciones públicas y el blindaje diferencial de contratos con el sector privado, que ha llevado a restricciones presupuestarias adicionales en los hospitales públicos.
Según el ministerio, el modelo de colaboración público-privado ha generado sistemas paralelos de derivación entre centros sanitarios y falta de transparencia en los pagos a empresas prestadoras de servicios. La ministra García asegura que la futura ley busca evitar la corrupción y la parasitación del sector público sanitario por parte de empresas privadas.
La sanidad privada considera que la gestión exclusivamente pública del sistema sanitario generará problemas adicionales, como un aumento de las listas de espera y de los costos. Aspe critica las declaraciones de García y afirma que la colaboración público-privada es necesaria para paliar la situación actual. Además, advierte que la norma podría generar conflictos competenciales con las comunidades autónomas y limitar la capacidad de gestión.
Por otro lado, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación Idis) señala que la limitación de acuerdos con el sector privado traerá dificultades de accesibilidad y atención para los usuarios. Abogan por un marco de relación consensuado entre el sector público y privado que garantice calidad y seguridad para los pacientes.
