El Gobierno de Castilla y León ha aprobado nuevos presupuestos, fruto de un pacto entre el PP y Vox. En estos presupuestos no se contempla ninguna subvención a los sindicatos, ya que se han eliminado las ayudas por un total de 20 millones de euros que se otorgaban anteriormente. Esta cantidad ahora se destinará al Bono Nacimiento, que consiste en 20 millones de euros a distribuir entre 7.500 familias que tengan un nacimiento a lo largo del año.
Castilla y León es un ejemplo de la España vaciada y de la despoblación rural. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), ninguna comunidad autónoma pierde habitantes a un ritmo tan acelerado como Castilla y León. Por esta razón, el fomento de la natalidad se ha convertido en una prioridad para el Gobierno autonómico liderado por el popular Alfonso Fernández Mañueco y su vicepresidente de Vox, Juan García Gallardo.
Entre las medidas aprobadas en los presupuestos recién aprobados se encuentra un cheque-bebé para las familias que tengan un hijo en 2023, incluyendo también las adopciones. Este plan, incluido en los presupuestos de 2024, ofrece ayudas que van desde los 500 euros por el primer hijo de una familia de renta alta hasta los 2.500 a partir del tercero en una familia de renta más baja. Se estima que esta medida beneficiará a unas 7.500 familias y cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros.
El dinero se entregará a los beneficiarios a través de una Tarjeta Familia, que les permitirá realizar compras de productos relacionados con el bebé en uno de los 1.318 establecimientos adheridos que se detallan en las bases del acuerdo.
Este plan tiene un impacto económico equivalente a los 20 millones de euros que anteriormente se destinaban a subvenciones a sindicatos como UGT y CCOO. La ausencia de esta partida presupuestaria por segundo año consecutivo ha generado malestar entre los sindicatos.
Reclamación de los sindicatos
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León ha respondido a la reclamación presentada por UGT y CCOO ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por el recorte en las subvenciones a los sindicatos. En su respuesta, el Gobierno castellanoleonés defiende que las organizaciones sindicales no tienen un «derecho adquirido» a recibir estas partidas presupuestarias. Además, critican a UGT y CCOO por no denunciar las violaciones del Diálogo Social por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Según el informe, «los sindicatos han convertido el Diálogo Social en un medio para obtener subvenciones en lugar de ser un mecanismo para mejorar el bienestar de los ciudadanos a través de políticas públicas. Es evidente que mientras reciben subvenciones, no critican el mal funcionamiento del Diálogo Social, incluso cuando son conscientes de las violaciones del Gobierno de España. El Diálogo Social no consiste en exigir la devolución de subvenciones para financiar sus estructuras, sino en negociar políticas públicas que mejoren el bienestar y el crecimiento económico de la sociedad».
Los presupuestos más altos de la historia
Tras la aprobación de los Presupuestos, Vox ha destacado que se trata de los presupuestos más altos de la historia de la comunidad, alcanzando los 14.562 millones de euros, un 5,45% más que el año anterior.
Los ejes principales de estos presupuestos son la mejora de la calidad de los servicios sociales, la lucha contra la despoblación, el apoyo a las familias, el crecimiento económico, el empleo y el campo como sector estratégico, entre otros. Además, se ha aprobado la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, que contempla deducciones fiscales por cerca de 600 millones de euros que beneficiarán a 480.000 contribuyentes, según Vox.
Presión desde Génova
Esta semana, desde Vox han señalado que los logros en las comunidades autónomas donde gobiernan junto al PP generan «nervios» e «incomodidad» en la dirección de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo. Fuster, de Vox, ha mencionado que «Génova está presionando mucho a los presidentes autonómicos para que se retracten de lo pactado con Vox», refiriéndose a leyes como la de libertad lingüística, la memoria histórica o las relacionadas con el campo. Según Fuster, cualquier ley ideológica propuesta por Vox genera nerviosismo en el PP.
En conclusión, la resistencia de Génova a colaborar con Vox se refleja no solo en los gobiernos conjuntos, sino también en Madrid y Andalucía. A pesar de esto, Vox afirma que no desaparecerá y que seguirá trabajando por sus principios. Esto demuestra la tensión existente entre ambas formaciones políticas.
Fuente (para controlar el refrito): https://okdiario.com/espana/castilla-leon-destina-20-millones-que-quito-sindicatos-cheques-bebe-7-500-familias-12794249
